El Partido del Pueblo Trabajador (PPT) reclamó hoy, jueves, a la legislatura que se abstenga de derogar la Ley 80 de Despido Injustificado, también conocida como Ley de la Mesada, a la vez que advirtió sobre las graves consecuencias de continuar recortando los derechos que protegen el empleo.
La presidenta del PPT, Mariana Nogales Molinelli explicó que la eliminación de la Ley 80 representa un grave peligro para los empleados y empleadas de mayor antigüedad, quienes podrán ser despedidos sin razón y sustituidos por otros con menos salario y beneficios.
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“No estamos hablando de empleados irresponsables o incompetentes. Quienes son más vulnerables son precisamente aquellos y aquellas que se han desempeñado de tal manera que nunca han dado motivo para que los boten. A esos es que protege actualmente la Ley 80. ¿Cómo se justifica entonces eliminar una protección tan básica? No hay razón válida alguna. Esto no tiene nada que ver con la crisis fiscal sino con los grandes patronos, los mismos que pagan campañas a los partidos tradicionales, que quieren despedir injustamente, sin dar compensación alguna, para reducir la nómina y quedar con aún más dinero en sus bolsillos”, aseguró.
La también portavoz del PPT, Nicole Díaz González, se hizo eco del cuestionamiento hecho por muchas personas a raíz del anuncio del supuesto acuerdo alcanzado por el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). “¿Cómo ayuda el despido injustificado a pagar la deuda? ¿Cómo es que se incentiva el empleo permitiendo que se bote sin razón? No han podido dar explicación alguna porque toda la experiencia apunta a lo contrario. Llevamos una década viendo cómo desaparecen nuestros derechos laborales y la economía continúa en picada. No es la primera vez que eliminan protecciones con la promesa de que se crearían más empleos. Recordemos cuando se eliminó la paga doble los domingos. Aún estamos esperando por esos empleos”, indicó.
Díaz González añadió que “bajo las nuevas reglas, los trabajadores y trabajadoras van a estar en periodo probatorio de forma permanente. Nunca lograrán seguridad en el empleo. Si ya hoy abundan las ejecuciones de hipotecas y las quiebras, ¿cómo será cuando miles de personas que se creían estables y seguras pierdan sus empleos? ¿Qué va a pasar con sus deudas y sus gastos de consumo? Lo que va a ocurrir es que nos seguirán empujando a la pobreza y/o al exilio, tanto a quienes pierdan sus empleos injustificadamente como a quienes dependen de que haya quienes puedan pagar los servicios que proveen”.
Nogales Molinelli también comentó que no es correcto comparar la situación de Puerto Rico con la de Estados Unidos.
“Primero, no es una gran aspiración equiparar nuestra legislación con la de Estados Unidos. Allá también hay mucha pobreza, muchísimas quiebras y grandes luchas por más derechos. A modo de ejemplo, es común escuchar sobre personas que perdieron todo porque se enfermaron o tuvieron un accidente, perdieron el empleo y se tuvieron que declarar en quiebra por las altísimas deudas del tratamiento médico. Segundo, aunque a menudo muy precarios, la disponibilidad de empleos es mucho mayor en Estados Unidos, por lo que es más fácil que quien es despedido consiga otro empleo inmediatamente”, argumentó la abogada.
Para la vocera, “siempre debemos aspirar a un mejor país. Los derechos laborales son también derechos humanos. No podemos vivir en una sociedad democrática cuando los trabajadores y las trabajadoras viven bajo la amenaza de perder su empleo y caer en la miseria. La inseguridad de empleo y la precariedad no pueden ser la base para un país más justo y democrático”.
