Pulseo por derogar ley de despido injustificado

No hay un frente común en la Asamblea Legislativa novoprogresista para apoyar la decisión del gobernador Ricardo Rosselló de derogar la Ley de indemnización por despido injustificado, a cambio de que la Junta de Control Fiscal (JCF) desista en su intención de reducir los días de vacaciones y enfermedad, así como el bono de Navidad de los empleados públicos y privados para “mantener a flote” las finanzas de la isla.

Ayer, luego de una reunión que duró poco más de dos horas entre el ejecutivo y el liderato legislativo en el Capitolio, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pidió pruebas de que la eliminación de la también llamada Ley 80 será de beneficio para la economía y la clase obrera.

“En el caso del Senado, lo vamos a evaluar, vamos a exigir la información, y si nos convence, lo apoyamos. Pero si no hay datos que sostengan la eliminación de la Ley 80, en mi caso en particular, no tiene paso”, sostuvo el presidente senatorial al abandonar el cónclave antes que todos los legisladores y el gobernador.

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Dijo, además, que el Senado tiene información “en contra” de los supuestos favores que tiene la eliminación de la Ley 80 para la economía.

Al tiempo, Rivera Schatz —quien se mantuvo distanciado del gobernador y mirando a lo lejos durante el aparte con la prensa— mencionó que será La Fortaleza el proponente de la medida, no la Legislatura, como había adelantado Rosselló en un comunicado de prensa antier.

De hecho, el líder de la cámara alta lo había expresado a través de sus redes sociales en la mañana de ayer, antes del encuentro con Rosselló. “Me sorprendió a mí y a todos mis compañeros senadores. No tengo información sobre cuál legislador presentará ese proyecto. Sé que ningún senador PNP presentará una medida como esa”, pegó en Facebook Rivera Schatz.

Mientras, Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, reaccionó contrario a su homólogo, y pidió pruebas de las bondades de la legislación.

“Anualmente, se radican 2,000 casos en los foros administrativos y en los foros judiciales. A penas prosperan 3 % de los casos que se radican”, comentó Méndez.

“Es que me tienen que justificar el valor de la Ley 80. Hay otras leyes protectoras en el foro federal”, agregó.

Cuando este medio le cuestionó cuáles son esas otras leyes que protegen a los trabajadores del país, el presidente cameral destacó “la ley para proteger a las mujeres embarazas, a la mujer trabajadora. Hay leyes que protegen en contra del discrimen, por razón de sexo, por razón de muchas otras razones”. 

Méndez afirmó que se suscribirá al proyecto de derogación que presentará el gobernador ante la Legislatura para que tome su curso a vistas públicas.

Dice que mejorará la economía

Por su parte, Rosselló defendió el acuerdo con la JCF porque, según su equipo de economistas, la eliminación de la ley para proteger a los obreros hará crecer la economía en un .2 %.

Añadió que entiende que no es un acuerdo “perfecto”, pero que la Ley 80 “representa un obstáculo para traer un sin número de compañías”.

En su comunicación de ayer, el primer mandatario detalló que, en los diálogos con la JCF se acordó, además de proteger el bono de Navidad y las licencias por vacaciones y enfermedad, preservar los presupuestos de la Oficina de Asuntos Federales, la Oficina de la Comisionada Residente y a la Legislatura, entre otras disposiciones. Mientras, los recortes a la Judicatura se reducirán a la mitad.

Jaresko defiende la eliminación de la Ley 80 La directora ejecutiva de la JCF

Natalie Jaresko, aseguró que estudiaron los documentos presentados por el gobernador en los que presentan los beneficios económicos por la derogación de la ley. “Dimos una amplia serie de estudios de casos de economías europeas que comparten muchos de los atributos de Puerto Rico”, expuso Jaresko sobre los documentos que entregó al Gobierno que explican en qué sería beneficiosa la derogación de esta ley. La directora ejecutiva indicó que, según los casos analizados, derogar dicha legislación permite que más trabajadores se muevan de la economía informal a la formal, por lo que ese sector comenzaría a pagar impuestos que no se recaudan actualmente.