“Sería la muerte de la agricultura en Puerto Rico”. Así reaccionó Myrna Comas, exsecretaria del Departamento de Agricultura, ante un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), publicado ayer en Metro, y que develó parte de un estudio gubernamental que podría incidir en la eliminación de subsidios que, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), no tienen retorno de inversión.
Para Comas, es importante que el nuevo Código de Incentivos, que se creará a partir del estudio del DDEC, tomé en consideración otros factores que no se relacionen con las ganancias del Gobierno, y que tienen injerencia en el desarrollo de la industria agrícola local. Si estos detalles no se contemplaran, agregó la también profesora del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, la seguridad alimentaria de la isla podría estar en riesgo, así como cientos de empleos, y la competitividad del mercado boricua ante las importaciones.
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Según la publicación del CPI, institución que tuvo acceso exclusivo al documento que elabora la agencia y que redundará en la legislación anunciada por Ricardo Rosselló el pasado 15 de abril, podrían ser “todos” los incentivos de agricultura los que se afecten, incluyendo los dirigidos a impulsar la industria local. Uno de los más importantes es la Ley 225 del año 1995, la cual exime a los agricultores de pagar contribuciones municipales, así como otros aspectos.
“Subirán los precios de los productos en Puerto Rico. Si no podemos competir con las importaciones, estas aumentan de precios. La gente tiende a ver los incentivos al agricultor como una ayuda, pero garantizan empleados, apoyan a que los agricultores también les pongan precios justos a sus productos”, afirmó Comas.
Asimismo, indicó que el trabajo en las fincas tiene un efecto multiplicador en otros sectores de la economía como en la venta de plaguicidas, herramientas de trabajo y en los empleos de otras compañías.
“El efecto multiplicador se debe medir por empresas. Una vez el producto sale de la finca, también se emplean personas en ese proceso, como en las zonas montañosas, donde hay niveles altos de pobreza”, sostuvo la economista.
Sobre la Ley 225, la profesora manifestó que permite un respiro a los empresarios, porque la agricultura es un sector económico “vulnerable”, sobre todo en un lugar como Puerto Rico, que está en riesgo constante de fenómenos atmosféricos fuertes.
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Incentivos son imperativos para impulsar el cine local
Frances Laussel, productora de la película puertorriqueña Broche de Oro, no cree que el Gobierno recorte los subsidios para los cineastas locales, como también reseñó el CPI, porque “sería terrible para el país que está necesitado de inversión”.
“Lo que se está viendo en las salas ahora, ese aumento en el número de películas que se filman, es por el incentivo a producciones puertorriqueñas”, explicó.
Por otra parte, Lausell argumentó que para atraer grandes producciones a la isla, es necesario que el talento local se adiestre, algo que solo es posible si pueden ejercer primero en las iniciativas boricuas. Además, la productora considera que el país es una incubadora de talento, que necesita espacios para crecer y aportar a la elaboración de una nueva estética visual autóctona.
La incertidumbre en los incentivos para producciones de afuera, por otra parte, son detrimentales a la hora de atraer inversión extranjera, opinó.
“Tengo llamadas todos los días de películas y trabajos cinematográficos que quieren venir a Puerto Rico. La incertidumbre está alejando de Puerto Rico la inversión”, contó.
No es definitivo el estudio
Este medio llamó ayer al contacto de comunicación del DDEC y no recibió respuesta. Empero, en la publicación del CPI, Manuel Laboy, secretario de la agencia, indicó: “No te puedo decir que se van a eliminar. Te puedo decir que, por primera vez, vamos a tener esa discusión con datos…”.
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