En el 2002, la Rama Judicial, las escuelas de derecho país y entidades gubernamentales y no gubernamentales encargadas de velar por los derechos de personas en condición de vulnerabilidad celebraron el Primer Congreso de Acceso a la Justicia de Puerto Rico. Este evento sirvió como espacio de reflexión y diálogo sobre las condiciones que facilitan u obstaculizan que diversos grupos en nuestra sociedad puedan hacer uso equitativo de los mecanismos para prevenir la violación de los derechos, para la solución de controversias y para la obtención de remedios legales. En aquel entonces, se reconocieron múltiples obstáculos que impedían que las personas pudieran defender sus derechos eficazmente. Entre estos, es necesario resaltar dos barreras que, a mi entender, resultan ser las más significativas: la pobreza y la falta de recursos para la prestación de servicios. Dieciséis años más tarde, ambas continúan siendo obstáculos relevantes para el acceso a la justicia en Puerto Rico.
Según los datos publicados por el Negociado del Censo de los Estados Unidos, en el 2015, el 46% de las personas y el 43% de las familias en Puerto Rico se encontraban bajo el nivel de pobreza. Por otro lado, de aquellas familias lideradas exclusivamente por una mujer, el 60% estaban bajo el nivel de pobreza. Este panorama desolador se torna aún más grave en el 2018, cuando tomamos en consideración las consecuencias de la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico y los efectos devastadores que tuvieron los huracanes Irma y María sobre nuestra población. La escasez económica y la falta de poder adquisitivo perpetúan la profunda desigualdad que se ha observado en nuestra sociedad a través de la historia.
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Para combatir esta disparidad social y sus efectos nefastos en el acceso a la justicia, la Rama Judicial de Puerto Rico ha desarrollado un sinnúmero de proyectos que pretenden facilitar que diversos grupos en condición de vulnerabilidad puedan vindicar sus derechos ante nuestros tribunales. Por ejemplo, actualmente existen iniciativas dirigidas a posibilitar el acceso a la justicia de víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y acecho, personas adictas a sustancias controladas, pacientes de salud mental, litigantes por derecho propio, menores que han sido víctimas de maltrato o negligencia, menores que han cometido faltas, entre otras. A base de los datos demográficos señalados, no debe sorprendernos que la pobreza es el común denominador que une a la mayoría de las personas que reciben servicios a través de estos proyectos.
Para garantizar la prestación de los servicios esenciales que se proveen en los tribunales en medio de la actual crisis fiscal y los continuos recortes presupuestarios, la Rama Judicial ha recurrido a medidas agresivas de control de gastos, tales como: la renegociación y reducción en la contratación de servicios profesionales, la congelación de plazas vacantes, la integración de sedes judiciales, la renegociación de cánones de arrendamiento de locales, la coordinación de cierres parciales y totales de operaciones, la formalización de acuerdos colaborativos con entidades gubernamentales y no gubernamentales, la reingeniería de procesos y la utilización de la tecnología, entre otras. La implantación de estas medidas ha permitido mantener con mucha dificultad, y en algunas instancias de manera limitada, las operaciones de las diversas iniciativas que visibilizan el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.
Sin embargo, cualquier impacto adicional a los recursos del Poder Judicial pone en gran riesgo, no solamente el funcionamiento adecuado de los tribunales, sino también la continuidad, desarrollo y expansión de proyectos que han demostrado ser indispensables para que sectores desaventajados de nuestra sociedad puedan, en igualdad de condiciones, hacer uso de los mecanismos disponibles para resolver sus controversias y reclamar sus derechos. El acceso a la justicia debe ser prioridad en la agenda de nuestro País y parte de la reflexión al momento de distribuir los recursos disponibles. De lo contrario, continuaremos perpetuando la desigualdad en nuestra población y los obstáculos que impiden el acceso eficaz a la justicia.
Nota: La Rama Judicial de Puerto Rico celebra la Semana de los Tribunales del 14 al 19 de mayo de 2018
