Al FEI Secretario y subsecretaria de la Gobernación

La secretaria Wanda Vázquez Garced informó hoy que el Departamento de Justicia notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la recomendación de un fiscal contra el exjuez Rafael Ramos Sáenz, como resultado de la evidencia recopilada durante la investigación preliminar del escándalo del chat de WhatsApp, por entender que existe causa suficiente de comisión de delito.

Otros cinco implicados en la pesquisa del grupo de mensajería político partidista, incluyendo al secretario de la gobernación William Villafañe y la subsecretaria Itza García, no fueron referidos directamente al OPFEI por no ser funcionarios públicos en el momento de los hechos. No obstante, serán investigados por posibles violaciones de Ley bajo la misma indagación del exjuez.

De acuerdo a Vázquez, en un informe sellado realizado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, se indica que Ramos Sáenz, mientras fungía como juez municipal y presidente de la Comisión Local Electoral 037 de Moca, pudo haber incurrido en: enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, influencia indebida en la adjudicación y malversación de fondos públicos. El documento, que no se publicará para evitar interrumpir los procedimientos del OPFEI, detalla que también pudo haber violado el Código Electoral del Siglo XXI. Además, Ramos Sáenz, posiblemente, falló a los Cánones de Ética Judicial, dispuestos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

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Los demás funcionarios deben ser investigados, de acuerdo a Justicia, por una posible “influencia indebida”, así como por incumplir las disposiciones del Código Electoral, luego de su activa participación e interacción con el exjuez Ramos Sáenz en materia de su jurisdicción durante las elecciones del 2016.

Además de los secretarios de la gobernación, los funcionarios públicos investigados serán: la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio; el Subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz; la Directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román.

A su vez, contra García Rodríguez existe causa suficiente para entender que incurrió en perjurio, agregó la secretaria de Justicia.

De la misma forma, el Departamento de Justicia refirió hoy al Tribunal Supremo de Puerto Rico a 15 abogados que, según la pesquisa preliminar, de alguna manera interactuaron en los chat “Coffee Break” y Estructura Gerencial. Siete de los letrados entraron en conversación directamente con el juez,  apuntó Vázquez. Sobre este referido, la agencia solicitará al Tribunal Supremo la paralización de los procesos disciplinarios y una orden protectora en lo que culmina la pesquisa de la OPFEI.

“De la investigación se desprende que el exjuez Ramos Sáenz compartió información privilegiada relacionada a su puesto, brindó información sobre casos que acababa de adjudicar, participó de actividades político partidistas. Se comunicó con funcionarios para que lo ayudaran en su nombramiento, publicó información relacionada a su función electoral, entre otros, todo con la finalidad de obtener beneficios personales. En múltiples ocasiones el exjuez se apartó de la norma jurídica y sus actuaciones infringieron estatutos legales criminales. Su participación en los chats ‘Coffee break’ y Estructura Gerencial en conjunto con los participantes de los mismos, que conocían de su cargo y aun así continuaron participando junto con él de asuntos político-partidistas, es altamente reprochable”, manifestó Vázquez.

La pesquisa estuvo a cargo de la Directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y de la fiscal Yanira Liceaga Sánchez.

Durante la investigación, apuntó la secretaria, hubo funcionarios que le faltaron el respeto a las fiscales. La subsecretaria García, además, trató de intimidar a Vázquez, hecho que fue referido a las autoridades federales.
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