Quiere la palabra final sobre AEE

El gobernador Ricardo Rosselló abrió la puerta a la colaboración de agencias federales sobre la reconstrucción del sistema eléctrico, pero quiere ser él quien tome las decisiones

Por Ronald Ávila

“El ejecutivo es el que va a dictar los términos de la reconstrucción de energía”.

Con esta frase, el gobernador Ricardo Rosselló cerró la puerta a la Casa Blanca y al Congreso de los Estados Unidos a tener la palabra final en la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aun cuando por legislación federal se otorgaron unos $2,000 millones en fondos para la revitalización del sistema.

De acuerdo con el primer ejecutivo, quien realizó sus expresiones ayer  en una rueda de prensa en Fortaleza, conversó sobre este asunto con el secretario del Departamento de Energía, Rick Perry, durante su viaje a Estados Unidos la semana pasada.

“Puede haber muchas agencias que colaboran, pero el ejecutivo es el que va a establecer el proceso hacia adelante en términos de reconstrucción de energía”, soltó el mandatario.

No obstante, Rosselló se apresta a utilizar los recursos que el Departamento de Energía federal puso a su disposición.

“[El Departamento] de Energía puso un sin número de sus recursos, que creo que son muy valiosos. Los laboratorios nacionales de energía para poder modelar y tener investigación apropiada y tomar las mejores determinaciones posibles, y un compromiso de que nuestro equipo de trabajo y el de ellos estarán en constante comunicación, particularmente en estos próximos meses”, agregó.

El 12 de abril, en una vista pública del subcomité de Investigaciones de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes del Congreso, funcionarios del Departamento de Energía federal indicaron tener un plan para renovar el sistema eléctrico de la isla, aunque en la Asamblea Legislativa local se discute un proyecto para concretar su privatización.

Por su parte, el congresista Don Young, un republicano de Alaska, circuló en el Congreso un borrador de ley que le otorgaría el poder de establecer las pautas para vender los activos de generación, transmisión y distribución al Departamento del Tesoro federal.

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