Ricardo Rosselló, gobernador de la isla, solicitó hoy a la Junta de Control Fiscal (JCF) que “reflexione”, luego de que el ente creado por la Ley PROMESA aprobó su propio plan fiscal, que incluye un recorte de 10 % en las pensiones y la reducción de beneficios marginales para los trabajadores públicos y privados.
En una conferencia de prensa en la Fortaleza, el primer mandatario reiteró que las medidas presentadas por el organismo fiscal son asuntos de política pública, que la Legislatura local debe aprobar, y que no tendrían paso bajo su gobierno.
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“Estamos en la mayor disposición de buscar alternativa positiva para el pueblo de Puerto Rico. Hago un llamado a que reflexionen, a que tengamos esa oportunidad de buscar un plan verdaderamente ejecutable y que pueda ser uno en el que la JCF y el gobierno puedan encaminarlo y tener resultados…”, soltó el gobernador.
Mientras, agregó que: “Estas medidas, simplemente, no van a ser consideradas por la Legislatura”.
El ejecutivo, quien en una pizarra escribió los puntos en los que no hubo consenso con la JCF, manifestó que a su juicio, las pensiones son un derecho propietario de los jubilados, y por tanto no puede trastocarse. Indicó, además, que la sección 205 de la Ley PROME, legislada en el Congreso, es, establece que la junta no puede imponer medidas de política pública.