El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió hoy en ley el proyecto de la reforma educativa, que incluye las polémicas escuelas chárter.
“Esta reforma representa una nueva era en la transformación del desarrollo educativo de nuestra niñez y juventud. Vamos a maximizar los recursos, enfocar el presupuesto en el estudiante y permitir la participación de la comunidad y de las entidades sin fines de lucro en el desarrollo de las escuelas”, expresó el primer ejecutivo en La Fortaleza.
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Asimismo, el gobernador añadió que “con todas estas enmiendas (cerca de 600) -sin dejar a un lado hacer justicia a los beneficios y sueldo de nuestros docentes-, nos dirigimos en el camino correcto hacia el sistema educativo de calidad que merecemos”.
La reforma -que será la Ley 85 de 2018- incluye una nueva fórmula de presupuesto por estudiante que garantiza una asignación equitativa mínima por estudiante.
La cantidad pudiera ser mayor según las necesidades particulares del estudiantado, como por ejemplo si se trata de un estudiante de Educación Especial.
De igual forma, el primer ejecutivo explicó que la nueva ley viabiliza las escuelas chárter para permitir que universidades, padres, municipios o instituciones sin fines de lucro administren este tipo de planteles.
Según se explicó, las escuelas chárter estarán limitadas al 10% de las escuelas, para evaluar su funcionamiento. Además, se detalló que no podrán ser chárter las escuelas que hoy son exitosas y especializadas, como las Montessori.
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La ley también provee un mecanismo para rendir cuentas, al cual estarán sometidas todas las instituciones que administren alguna escuela chárter.
Esto permitirá evaluar el modelo, a la vez que se exige mejoría, lo que no ocurre en la actualidad.
Como alternativa adicional para promover la igualdad en el acceso a la educación, la reforma educativa crea el Programa de Vales Educativos y Libre Selección de Escuelas.
Mediante este programa se proveen alternativas adicionales para que los padres puedan seleccionar la mejor enseñanza para sus hijos.
Se permitirá la selección de la escuela pública -siempre priorizando al estudiantado de la comunidad en que se encuentre la escuela-, además de la concesión de vales educativos para seleccionar instituciones privadas de educación costeadas por el gobierno.
Los vales se limitarán al 3% del estudiantado para permitir demostrar su funcionamiento.
Otro de los aspectos considerados en el plan fiscal del gobernador es el aumento de 125 dólares mensuales o 1,500 dólares anuales a los maestros puertorriqueños, quienes no han recibido un aumento en los pasados diez años.
“Como parte de nuestra reforma educativa, queremos proteger los derechos de los maestros y proveerles la opción de escoger si desean brindar sus servicios en las escuelas alianza o si prefieren mantener su salario y puesto en el Departamento de Educación”, comentó el mandatario.
La nueva reforma educativa ofrecerá a los maestros que escojan moverse a una escuela alianza el derecho a su plaza por un periodo de dos años, en caso de que el docente quiera regresar a formar parte del Departamento de Educación.
Si un maestro decide abandonar el Departamento y unirse al sistema de Escuelas Alianza, el Departamento de
Educación deberá proveerle plan médico y garantizarle el salario y los beneficios marginales que tenía por un término de dos años.
De igual forma, todos los derechos adquiridos, como su derecho a retiro, continuarán protegidos.
Igualmente, podrán continuar cotizando mientras trabajen para una escuela alianza.
“La intención es proveer a los maestros la oportunidad de ser parte de una nueva iniciativa educativa y que tengan la oportunidad de continuar disfrutando de los derechos y beneficios por los que han trabajado a lo largo de su carrera”, añadió Rosselló.
Todo maestro nuevo al sistema de educación pública también tendrá acceso al seguro social federal como parte de su compensación y sus beneficios.
Asimismo, los maestros actuales podrán votar en una consulta para ser incluidos en el sistema de seguro social.
