Toda sociedad debe luchar por reducir las desigualdades sociales, por fomentar el bien común y por aumentar el desarrollo de la justicia y la solidaridad. Las acciones del Gobierno de turno son contrarias a esas aspiraciones. Sus actuaciones en la últimas semanas por parte de la Legislatura y el Ejecutivo así lo demuestran.
El escandaloso contrato de $17 millones en el Departamento de Educación para un supuesto programa de valores, la aprobación de las escuelas chárter y los vales educativos, el abandono de miles de familias sin servicio eléctrico alrededor de toda la Isla, la presentación del proyecto de ley para vender al mejor postor la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el nombramiento del nuevo director de la AEE con el obsceno sueldo anual de $450,000, el descaro de la Secretaria de Justicia de no investigar el clientelismo político de la Secretaría de Educación, y el anuncio de la segunda reforma laboral son los más claros ejemplos de las políticas nefastas, retrógradas y draconianas de un gobierno que manifiesta constantemente su conducta de sometimiento ante la Junta de Control Fiscal y de ser fieles creyentes de la explotación del ser humano.
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Cada día se reciben peores noticias sin el más mínimo asomo de preocupación y reflexión por parte de los gobernantes. Muchas de sus acciones son un retroceso social y jurídico de múltiples conquistas a través de los años. Además, resalta su obstinación irracional en que “lo americano “ es la solución inmediata a las calamidades causadas por décadas por ellos mismos y todos los gobiernos coloniales.
La educación es un derecho humano fundamental. Sin embargo, la escuela pública y gratuita está siendo torpedeada de manera inmisericorde con contratos millonarios, hermanos gemelos de los contratos para las tutorías y las pruebas estandarizadas que sirven solo para enriquecer a mercaderes de la educación. Ahora se les unen las escuelas chárter y los vales educativos, nidos de inversiones político, y el inicio de la privatización de la escuela como la conocemos. Para colmo de males, el sistema público lo dirige una empresaria que se encamina sin remordimiento a cerrar cientos de escuelas en perjuicio de la niñez.
La venta de la AEE y el nombramiento de su nuevo Director Ejecutivo como síndico liquidador, con un sueldo obsceno y una trayectoria de promover aumento en las tarifas energéticas, constituyen políticas neoliberales que van dirigidas a acabar con la AEE como una institución de servicio al País para convertirla en una empresa al servicio de grandes intereses.
Desde principios de febrero, le advertí al país que el Gobierno iba a cumplir con el mandato de la Junta de Control Fiscal proponiendo una segunda reforma laboral. Esta semana anunciaron la eliminación del bono de navidad y la protección contra el despido injustificado, así como la reducción en las licencias por vacaciones y enfermedad. Al igual que la primera reforma laboral, esta segunda fase se basa en la ficción de que redundará en la generación de empleos y en el deseo anexionista de equipararnos al mercado estadounidense. En otras palabras, esta nueva “reforma” laboral le quita a los trabajadores lo poco que les queda, convirtiéndolos en los nuevos esclavos del siglo XXI. El único efecto que tendrá esta reforma será empobrecer más a la clase trabajadora y promover mayor emigración.
