Advierten pieza legislativa viola la Constitución

El proyecto de ley, que varios sectores han criticado por considerar que es una limitación a la libertad de expresión, espera por la consideración del gobernador Ricardo Rosselló, quien aún no lo ha evaluado, según su portavoz

Por Ronald Ávila Claudio

Crear un chilling effect, o efecto paralizante, en aquellos que desean protestar contra las medidas que impulsa la administración actual. Ese, según el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres, es el propósito de un proyecto de ley aprobado en la Asamblea Legislativa, que permitiría a los tribunales emitir órdenes de injunction preliminar o permanente previo a protestas que surjan de una “disputa obrera”.

La pieza 520 del Senado, que espera por la consideración del gobernador Ricardo Rosselló, enmienda el Artículo 5 de la Ley 50 del 1947. De esta forma, si un tribunal determina que “se ha amenazado” con “cometer actos ilegales o torticeros (injustos) o de fraude o violencia” durante una manifestación, podría emitir el recurso judicial.

Para Torres, esta disposición del proyecto de ley es innecesaria porque dichos actos  ilegales están proyectados en el Código Penal de Puerto Rico. De otra parte, cuestionó que la legislación se dé en el marco de posibles protestas convocadas por trabajadores del sistema educativo y la Autoridad de Energía Eléctrica, quienes se oponen a la reforma educativa que impondría las escuelas chárteres y a la privatización de la corporación pública.

La medida también permite al tribunal evitar que manifestantes obstruyan el tránsito con vehículos, que interrumpan el libre uso de cualquier propiedad y que realicen perturbaciones que sean perjudiciales a la salud o a los sentidos de terceros.

“Es una intención de intimidar, de inhibir la voluntad de la gente. No viene del aire. Se han ido desarrollando movimientos de resistencia ante las medidas de austeridad y esa ley tiene el propósito de suprimir el rechazo del pueblo”, sostuvo Torres en entrevista con Metro.

Por su parte, el analista político Arturo Hernández y el abogado Benjamín Castro Rivera indicaron que la legislación podría estar en contra de la Constitución, porque constituye una censura previa a actos de libertad de expresión.

“Es, nuevamente, el empeño de limitar los derechos constitucionales. ¿Cómo vas a lograr el objetivo de que no se derrumbe un edificio, por ejemplo, si usted no interrumpe la obra?”, soltó Hernández.

“Lo que aquí se quiere hacer, de que, ante una amenaza, un tribunal emita un mandato, eso se presta para limitar la libertad de expresión y la desobediencia civil”, agregó Castro Rivera.

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