BUENOS AIRES (AP) — Reynaldo Bignone, el último presidente de facto de Argentina que permanecía con vida, murió el miércoles a los 90 años.
El represor falleció en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, donde se encontraba internado, informó la agencia oficial de noticias Télam. Antes de su internación purgaba en su domicilio una condena a prisión perpetua por reiteradas violaciones a los derechos humanos.
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Bignone fue nombrado presidente por la junta militar en julio de 1982 en sustitución de Leopoldo Galtieri, que tuvo que dar un paso al costado tras la amarga derrota del país ante Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas.
Formado en la Escuela Superior de Guerra, sucedió en el poder a Jorge Videla, Roberto Viola y a Galtieri y habilitó la transición hacia la democracia al convocar a elecciones libres en 1983.
El expresidente de facto fue quien ordenó destruir las constancias de detenciones ilegales y torturas a disidentes políticos y guerrilleros durante el último régimen militar (1976-1983) y dictó una ley que amnistiaba a los militares y que fue derogada durante el gobierno democrático del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989).
“Murió el genocida Reynaldo Bignone. Su familia sabe la hora, los motivos y el lugar. También podrá decidir dónde despedirlo. Las miles de familias de las víctimas de Bignone, no”, señaló la organización de derechos humanos HIJOS, que agrupa a los hijos de desaparecidos.
Bignone convocó a elecciones presionado por la crisis económica y las crecientes demandas de la clase política y los organismos de derechos humanos de que se restituyera la democracia y se diera a conocer el destino de los miles de desaparecidos. Pero ello no alteró su convencimiento de que los dictadores habían libraron una guerra contra la subversión y no una represión ilegal.
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Pocos días después del golpe de Estado contra el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón, Bignone comandó en marzo de 1976 la ocupación militar del Policlínico Profesor Alejandro Posadas de la localidad de Haedo, en las afueras de Buenos Aires, donde funcionó un centro de torturas. En ese entonces era delegado de la junta militar en el área de Bienestar Social.
El expresidente quiso borrar ese y otros atropellos con la llamada “ley de auto amnistía” con la que los militares pretendían resguardarse de la posibilidad de ser enjuiciados por el gobierno del presidente que resultara elegido en los comicios de octubre de 1983.
Varios meses antes de la restitución democrática, el gobierno de Bignone había publicado un documento en el que las fuerzas armadas declararon muertas a las personas desaparecidas y omitieron los nombres y las circunstancias en las que fueron asesinadas.
Según entidades humanitarias los desaparecidos fueron unos 30.000, aunque cifras oficiales provisionales señalan que fueron algo más de 7.600.
En 1984, tras la llegada de la democracia, Bignone fue encarcelado por varias desapariciones pero recuperó la libertad por la llamada Ley de Obediencia Debida, que benefició a muchos represores que habían cumplido órdenes de sus superiores y que fue sancionada durante el mandato de Alfonsín.
Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que busca a los niños robados en la dictadura, contó que cuando se entrevistó con él para pedirle que su hija embarazada que estaba desaparecida fuera juzgada Bignone le respondió: “Señora, en Uruguay los tupamaros se fortalecen en sus convicciones en la cárcel… Acá no queremos eso. Acá hay que hacerlo (matarlos)”.
En 2010 le llegó la primera condena importante por delitos de lesa humanidad. Fue cuando un tribunal lo sentenció a 25 años de prisión por medio centenar de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la guarnición militar de Campo de Mayo, uno de los mayores centros clandestinos de detención, situado en las afueras de Buenos Aires.
La responsabilidad de Bignone por esos casos corresponde a su periodo en 1977 como jefe de Estado Mayor del Comando de Institutos Militares.
El exjerarca militar declaró en ese juicio que no era culpable debido a que tuvo que librar un “combate singular… por sus características de guerra irregular contra un enemigo cruel, artero y sanguinario con métodos aberrantes y solapados”. En esa ocasión el tribunal dispuso que Bignone cumpliera su pena en una cárcel común.
Al complejo militar de Campo de Mayo fueron llevados entre 3.000 y 5.000 secuestrados que jamás aparecieron con vida. Allí también funcionaba una maternidad clandestina donde daban a luz las embarazadas detenidas a quienes se les arrebataban los recién nacidos para entregarlos a militares o allegados y que luego eran asesinadas.
En 2011 Bignone fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad contra 10 víctimas.
Un año después, fue condenado a 15 años de cárcel en un juicio que dio por probado el plan sistemático de robo de hijos de desaparecidos. Hasta ahora 127 hombres y mujeres que fueron sustraídos a sus padres cuando eran recién nacidos o niños de corta edad han recuperado su identidad.
En 2013 recibió una condena a prisión perpetua por ser responsable de participar en los delitos cometidos en perjuicio de una veintena de personas, entre las que se encontraban mujeres embarazadas. Un año después recibió una sentencia de 23 años de prisión en el llamado “Juicio de los Obreros” sobre la desaparición de una treintena de trabajadores y en 2016 fue condenado a 20 años de cárcel por su implicación en el esquema represivo que desarrollaron seis dictaduras sudamericanas conocido como Plan Cóndor.
En 2017, recibió una nueva condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad ocurridos en el Colegio Militar de la Nación contra conscriptos que se realizaban el servicio militar obligatorio.
