El portavoz de la mayoría senatorial, Carmelo Ríos, presentó una medida que pretende establecer una moratoria temporera en las ejecuciones de hipotecas en Puerto Rico. La misma aplicará a aquella propiedad utilizada como residencia principal o propiedad comercial usada por el deudor en su actividad principal para generar ingresos, hasta el 30 de septiembre de 2018.
“Puerto Rico ha enfrentado una década difícil. Esto nos obliga a atender con premura los asuntos relacionados a la economía, no solo del Estado, sino de los ciudadanos que lo componen. Primero vino una brutal recesión de 10 años y la crisis financiera que llevó a empresas de la isla a cerrar operaciones y aumentó los por cientos de pobreza en la población. Luego, cuando comenzábamos a tomar medidas para enderezar las finanzas, en septiembre, María, un poderoso huracán categoría cuatro, destruyó viviendas, edificios y gran parte de la red eléctrica y de telecomunicaciones”, puntualizó el Senador en una comunicación escrita.
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La Resolución Conjunta del Senado 199 detalla que según datos publicados en el New York Times, un tercio de los 425 mil propietarios de la Isla está atrasado en sus pagos de hipoteca a los bancos y firmas de Wall Street que previamente compraron hipotecas. Mientras que algunos 90 mil prestatarios se convirtieron en morosos como consecuencia de huracán María, según la firma de datos Black Knight Inc.
Por su parte, el Legislador argumentó que “Si bien es cierto que la moratoria de tres meses ofrecida por los bancos locales fue un pequeño alivio, la situación en la Isla aún dista de volver a la normalidad. Los dueños de propiedades hipotecadas tuvieron un respiro cuando el gobierno federal impuso una moratoria temporal de las ejecuciones, lo cual detuvo el que los bancos e inversores que compraron hipotecas en el mercado, a precios considerablemente bajos, desalojaran a los prestatarios morosos o comenzaran nuevas ejecuciones hipotecarias. Desafortunadamente, debido a que el periodo de tres meses de moratoria ya expiró, Puerto Rico está enfrentando una oleada de ejecuciones hipotecarias”.
La pieza legislativa establece que en todo procedimiento de ejecución de hipoteca sobre una residencia o negocio, comenzado luego del 20 de septiembre de 2017, el dueño o poseedor de la propiedad podrá solicitar que se detenga mediante una moción en el tribunal en el que se esté ventilando y quedará paralizado hasta el 30 de septiembre de 2018. El tribunal a su discreción, podrá evaluar los méritos y las circunstancias de cada caso para extender dicho periodo hasta el 31 de diciembre de 2018, tomando en cuenta criterios como la situación de empleo y los gastos extraordinarios incurridos por la falta de energía, entre otros.
El solicitante de la moratoria deberá presentar prueba fehaciente de que dicha prórroga es para una propiedad utilizada como su residencia principal o para una propiedad comercial usada por el deudor en su actividad principal para generar ingresos. Hasta el 30 de septiembre de 2018 los tribunales no dispondrán acción dispositiva alguna sometida ante estos y no se comenzará o continuará reclamación o procedimiento judicial alguno, incluyendo, llevar a cabo subastas, lanzamientos y la expedición de emplazamientos en los casos de cobro de dinero y ejecución de hipotecas descritas en la mencionada Resolución Conjunta.
Los pagos que hayan quedado en suspenso durante el periodo de la moratoria concedida serán transferidos al final del término original con la misma frecuencia. Los intereses del préstamo seguirán acumulando a la misma tasa en la que se había acordado originalmente hasta el vencimiento de este. Es decir que se hará un pago mensual, luego de la fecha original de vencimiento del préstamo, por cada mes que haya quedado en suspenso.
El año pasado se reflejó un aumento de 33 por ciento comparado con el 2007 en ejecuciones de hipotecas. Además, se estima que cerca 13 mil casos de ejecución hipotecaria están pendientes a ventilarse.
