Tal parece que la ola de casos de violencia sexual también golpea a la Rama Judicial de Puerto Rico, pues, según una fuente de este diario, hace alrededor de un mes la Administración de Tribunales transfirió al juez superior José Emilio González Velázquez del Tribunal de Arecibo al de Utuado, tras un señalamiento en su contra.
Una vez Metro recibió la información, se comunicó con la oficina de prensa de la Administración de Tribunales, quienes en declaraciones escritas comentaron que no podían ofrecer información sobre el asunto por estar la situación en un proceso de investigación.
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“Las alegaciones de hostigamiento sexual en contra de jueces y empleados se investigan de inmediato”, lee parte del encabezado del correo electrónico de la oficina de comunicación. Más adelante, en referencia al juez González Velázquez, en el correo se aceptó la existencia de una pesquisa.
“Tal como indicado, la Oficina de Administración de los Tribunales está impedida de proveer información sobre procesos investigativos, previo a su adjudicación”, precisó la oficina de comunicación en las declaraciones escritas.
De acuerdo con nuestra fuente, una fémina que labora en el Tribunal de Arecibo, donde trabajaba el juez González Velázquez, lo acusó de hostigamiento sexual. En Arecibo, continuó la persona que Metro entrevistó, no se tomaron las acciones pertinentes de forma rápida y “la mujer tuvo que ir más arriba”.
Ayer, este medio se comunicó con la secretaria del juez González Velázquez, quien, además fue Senador en el Distrito de Arecibo por el Partido Nuevo Progresista, para tener expresiones de su parte sobre las alegaciones, pero nunca respondió la llamada.
De la misma forma, la fuente de Metro contó que, en el Tribunal de Ponce, un empleado fue despedido hace unos meses por “mostrarle su miembro a una compañera”. La Administración de Tribunales, aunque no ofreció detalles, confirmó que un trabajador fue cesanteado en el Tribunal de Ponce por alegaciones de hostigamiento sexual.
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“Conforme a lo dispuesto en nuestra reglamentación, la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales investigó una queja por hostigamiento sexual presentada por una funcionaria del Centro Judicial de Ponce contra otro funcionario. Tras concluida la investigación el funcionario imputado fue destituido.
