Tres meses después del paso del huracán María y tras nueve historias publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), finalmente el gobernador Ricardo Rosselló aceptó que el proceso de contabilizar las muertes provocadas por el desastre en Puerto Rico debe rehacerse e investigarse de forma “minuciosa”.
El único problema es que las personas a cargo de esta investigación serán las mismas que hicieron el primer proceso de contabilización defectuoso: el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, según dijo la secretaria de Prensa de Rosselló, Yeniffer Álvarez Jaimes.
PUBLICIDAD
Pesquera ha defendido el proceso e insistido en que no es necesario investigar el exceso de muertes en la isla tras el paso de María. Llovet ha hablado poco públicamente, y no ha enmendado el proceso de contabilidad que mantiene la cifra oficial de muertes en 64, aun cuando sus números preliminares confirman que del 20 de septiembre al 30 de octubre en la isla hubo al menos 985 muertes en exceso en comparación con el 2016. La funcionaria también se ha negado a entregarle al CPI la base de datos completa y actualizada de las causas de muerte en Puerto Rico.
A preguntas sobre si habrá algún científico, epidemiólogo o demógrafo experimentado en el grupo que diseñará esta investigación, Álvarez Jaimes dijo que Pesquera y Llovet “determinarán si necesitan recursos adicionales”.
“Hemos recibido un análisis reciente realizado por medios recientes sobre la cantidad de muertes relacionadas al huracán, que alegan pueden ser más alta que el número oficial certificado hasta la fecha. Esos informes noticiosos utilizaron los datos que proveyó el Registro Demográfico de Puerto Rico; no obstante, el Gobierno necesita investigar si el aumento de las muertes se relaciona directa o indirectamente al huracán María”, dijo el Gobernador el lunes en un comunicado de prensa.
“Cada vida es más que un número y cada muerte tiene información importante adjunta, así como un informe preciso de los hechos relacionados con su fallecimiento. Esa es la ley. Es necesario un proceso legal de certificación por un médico forense o un doctor, y cada familia merece que el caso de su ser querido sea examinado de manera independiente y exhaustiva”, agregó, Rosselló.
El primer cuestionamiento a las cifras oficiales de muerte del Gobierno lo hizo el Centro de Periodismo el 28 de septiembre tras investigar y documentar que decenas de personas habían muerto en ocho municipios por circunstancias relacionadas a la emergencia que provocó la catástrofe que dejó a Puerto Rico sin luz, agua y comunicaciones y muchos lugares incomunicados, tales como cierres de hospitales y la falta de electricidad. Asimismo, el CPI publicó que las morgues en una docena de hospitales alrededor de la isla estaban llenas a capacidad y estimó que las muertes podían ser centenares, al proyectar esos datos a los 78 municipios. En ese punto, el Gobierno mantenía su cifra de oficial de muertes inamovible en 16 personas.
Ese mismo día, Pesquera dijo al CPI que era “falso” que las morgues de los hospitales estuviesen abarrotadas, pero el 2 de octubre reconoció en una nueva entrevista con este medio que entendía que las víctimas fatales de la emergencia eran más de las 16.
PUBLICIDAD
Sin embargo, Pesquera no cambió el procedimiento de contabilización, ni la cifra que permaneció en 16.
El día después, el Presidente Donald Trump visitó Puerto Rico, y en un momento que marcó la discusión sobre el huracán María, felicitó a Rosselló y a las agencias federales por la baja mortalidad del evento durante una conferencia de prensa conjunta. En ese momento, Trump le preguntó frente a la prensa que cuántos eran los muertos. A lo que Rosselló respondió con: “Dieciseis”. Acto seguido, y en base a dicha respuesta, Trump dijo que la situación en Puerto Rico no era una catástrofe real como lo fue el huracán Katrina.
Cuatro horas después, el Gobierno revisó por primera vez su cifra de víctimas y la aumentó de 16 a 34.
Ese mismo día el Departamento de Justicia emitía un protocolo especial para agilizar el traslado de cadáveres de las morgues de los hospitales, el cual no divulgó públicamente.
A partir de la historia original del CPI del 28 de septiembre, que fue republicada ese mismo día por Metro Puerto Rico, The Miami Herald y El Nuevo Herald, entre otros medios de comunicación, sobre una decena de medios principalmente internacionales comenzaron a reseñar la historia y a indagar más sobre el tema.
Univisión fue uno de los primeros en entrevistar funerarios que le hablaron del aumento en el volumen de cadáveres a principios de octubre. También hubo artículos sobre el tema en Buzzfeed el 8 de octubre, y en Vox el 11 de octubre.
Desde finales de octubre, y por dos meses ya, el CPI ha solicitado una entrevista a Rosselló sobre el tema de las muertes no contadas pero la misma no ha sido concedida.
El 19 de octubre una delegación congresional encabezada por Elizabeth Warren solicitó a la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elaine Duke, una investigación del conteo de las víctimas del huracán María citando, entre otras fuentes, las historias del CPI que fueron republicadas y realizadas con el apoyo de Latino USA. Legisladores de Puerto Rico también radicaron una resolución para investigar el asunto, pero la mayoría en la Cámara de Representantes no dio paso a la medida.
Mientras tanto, el CPI publicó siete historias de seguimiento entre el 2 de octubre y el 17 de noviembre, donde investigó por ejemplo el estado caótico de hospitales que según el Gobierno estaban “operacionales”. Asimismo, publicó que solo en septiembre, el exceso de muertes en Puerto Rico era de 472 y el promedio de muertes en la isla se disparó en los 10 días que siguieron al huracán con un incremento de un 43%.
El Gobierno siguió aumentando tímidamente la lista de muertes oficiales de dos en tres cada semana, pero no alteró su metodología de análisis y contabilización de casos.
El 16 de noviembre el CPI publicó el resultado de seis semanas de investigación por siete pueblos de Puerto Rico, mediante la cual logró documentar con nombre y apellido 47 casos que no estaban en la lista oficial del Gobierno que en ese momento se mantenía en 55. Todos los casos reseñados fueron descartados por Pesquera, quien además amenazó a uno de los dueños de funeraria que sirvieron como fuente al reportaje del CPI.
“La funeraria tendrá que notificar a las autoridades qué hizo con el cuerpo para así encaminar los procesos pertinentes en ley. Ningún cuerpo se puede disponer sin un certificado de defunción”, dijo en declaraciones escritas en reacción a la publicación.
Tras la publicación, el senador novoprogresista Henry Neumann comenzó vistas públicas para auditar el proceso de certificación de muertes vinculadas al huracán María. Se prevé que este proceso culmine antes de fin de año con la comparecencia de Pesquera.
El 20 de noviembre, CNN dio a conocer un reportaje que hizo luego de llamar a 112 funerarias en Puerto Rico. Entre todas, dijeron que habían velado en sus locales 499 cadáveres de personas cuyas muertes estaban vinculadas de alguna forma a la emergencia causada por María.
El trabajo tuvo como resultado que Pesquera agregó dos de los casos reseñados por CNN a la lista oficial y pidió a los funerarios que le llevaran información.
El 21 de noviembre, el demógrafo Alexis Santos de la Universidad Penn State, publicó un estudio utilizando los datos del Registro Demográfico, en el que confirmó que había un exceso de 500 muertes en el mes de septiembre a raíz del huracán María y anticipó que octubre mostraría un patrón similar. La agencia aún no había dado a conocer los datos de ese octubre.
El 7 de diciembre el CPI publicó que el exceso de muertes en Puerto Rico en septiembre y octubre fue de 1,065 personas en comparación al 2016 tras obtener los datos del Registro Demográfico que llevaba solicitando por más de dos meses. Los números reflejaban incrementos significativos después del huracán Irma y, particularmente, después del huracán María. Entre el 20 de septiembre y el 30 de octubre dicho excedente fue de 985 muertes comparado con el mismo periodo del año anterior.
Un día después The New York Times sacó en su versión digital una historia utilizando los mismos datos del Registro, un poco menos actualizados, que ubica el exceso de muertes en septiembre y octubre en 1,052. La publicación, que ocupó la portada impresa del influyente medio al día siguiente, provocó fuertes reacciones en Estados Unidos y la petición de los congresistas demócratas, que radicó un pedido de investigación.
Pesquera aún mantuvo su postura de defensa del procedimiento toda la semana siguiente, aduciendo a que en Puerto Rico ha habido meses con más muertes que septiembre y octubre pasado. Para esto utilizó números de diciembre y enero de años anteriores lo cual es estadísticamente errado ya que en la época navideña, históricamente, hay un aumento grande en las muertes en Puerto Rico por los accidentes y los suicidios típicos de la temporada.
También dijo, a preguntas del CPI, que no veía necesidad de hacer un estudio formal epidemiológico de las muertes porque “en Puerto Rico no hay ninguna epidemia”. Sus declaraciones fueron criticadas por demógrafos y conocedores del tema, quienes han cuestionado la falta de pericia del funcionario.
“[H]e ordenado al Registro Demográfico y al Departamento de Seguridad Pública que lleven a cabo una revisión e inspección minuciosa de todas las muertes ocurridas desde que azotó el huracán María, independientemente de lo que diga el certificado de defunción”, precisó el Gobernador en el comunicado del lunes.
Según dijo, esta revisión garantizará que el Gobierno está contando a todas las víctimas “correctamente” aunque no explicó en concreto cómo se hará el estudio. La oficial de prensa del Registro Demográfico, Maricela Díaz, refirió preguntas sobre el particular de vuelta a La Fortaleza, indicando que manejará tanto el proceso como las declaraciones sobre el particular.
Rosselló indicó que el gobierno busca el recuento más preciso y comprender cómo las personas perdieron sus vidas para dar cuenta del impacto de estas tormentas, además de identificar maneras en las que se pueden prevenir muertes en futuros desastres.
Rosselló también anunció el lunes que solicitó la creación de un panel de expertos para examinar los procesos actuales de certificación de defunción.
