El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, informó que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy los dos proyectos relacionados a la Rama Judicial que aprobó la Asamblea Legislativa.
“Luego de la evaluación de rigor es importante señalar que estos proyectos velan por la independencia judicial y hacen del proceso de la asignación de jueces uno objetivo, imparcial y transparente. Por ello, el gobernador impartió su firma a estos proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa”, informó Rosario Cortés.
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El secretario destacó que “es importante conocer la verdad de estos proyectos, pues varias personas han estado publicando información incorrecta de las medidas. La ahora Ley 120-2017 dispone como sugerencia a la Rama Judicial que la asignación de jueces del Tribunal de Apelaciones, de los casos electorales y de las salas de recursos extraordinarias se hagan por mecanismos aleatorios y al azar”.
Agregó que “estos mecanismos de selección de jueces imparciales ya habían sido avalados por el Tribunal Supremo para los casos electorales pero la pasada Administración eliminó dicho proceso objetivo en contra de la independencia judicial. Con esta medida, las partes en un pleito sabrán el método imparcial y automatizado utilizado para determinar el juez que examina su caso. Hoy, nadie conoce las razones o motivaciones para que determinado juez vea un caso en particular”.
Además, la Ley 120 de 2017 devuelve al pleno del Tribunal Supremo el poder de nombramiento de los miembros de la Comisión de Evaluación Judicial.
Asimismo, la norma ajusta el marco de ley al derecho constitucional al devolverle la jurisdicción del Tribunal Supremo para ver recursos de certificación procedentes de foros inferiores.
“Esta facultad fue eliminada por la pasada Administración pero el Tribunal Supremo ya decidió que era inconstitucional por constituir una intromisión en las funciones de la Rama Judicial. Nuevamente, estamos respetando esa independencia judicial que algunos pregonan solo cuando les conviene”, manifestó el portavoz de La Fortaleza.
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Rosario Cortés explicó que “la Constitución es clara al establecer en su artículo V, Sección 7, que es el pleno del Tribunal Supremo el ente facultado para adoptar las reglas de administración de la Rama Judicial. El propio Diario de Sesiones de la Constitución dice expresamente que la facultad de reglamentar del pleno del Tribunal Supremo incluye la asignación y traslado de jueces”.
“En ese sentido, y respetando la independencia judicial, las ramas políticas han sugerido que ciertas asignaciones de jueces que ven casos de alto interés público se haga de forma objetiva y aleatoria y no por un ser humano con criterios subjetivos”, manifestó.
El secretario se cuestionó “¿quién se puede oponer a que un caso lo vea un juez asignado mediante un mecanismo al azar e imparcial? ¿Qué motivo puede tener una persona para querer asignar los jueces que verán determinados casos de alto interés público? Estos proyectos dan transparencia a la Rama Judicial e incentivan la confianza del sector privado en nuestros procesos judiciales. Estos mecanismos se han implementado en el pasado sin atrasar el trabajo judicial”.
Sobre la ahora Ley 121-2017, Rosario Cortés explicó que esta legislación aumenta de 12 años a 16 años el término de los jueces superiores.
“Esta medida equipara el término de los jueces superiores al que ya tienen los jueces del Tribunal de Apelaciones para fomentar la carrera judicial y su independencia. Con términos más largos los jueces tendrán mayor independencia del proceso político de renominación y confirmación de jueces”, declaró el titular de Asuntos Públicos.
