Mientras miles de estudiantes permanecen en incertidumbre por conocer si volverán a su escuela o los enviarán a otro plantel tras el paso del huracán María, al momento se desconocen los criterios que está utilizando el Cuerpo de Ingenieros para tomar las decisiones de cierre.
“Hemos visitado escuelas que están mejor ahora que lo que estaban antes del huracán porque muchos maestros las han reparado. Sin embargo hay una mano oscura que no permite que se abran esas escuelas. Al preguntarle a la secretaria de Educación ella nos informa que es el Cuerpo de Ingenieros que no está permitiendo que se abran esas escuelas”, expresó la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz.
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En medio de ese panorama, la Asociación y su Local Sindical reclamaron que se den a conocer los contratos otorgados a la empresa encomendada a inspeccionar escuelas. Según la presidenta se trata de la compañía CSA Group, empresa que se dedica a la construcción de escuelas y fue la encargada del proyecto “Escuelas del siglo XXI”, durante la administración de Luis Fortuño bajo contratos de entre $30 a $56 millones. “Estamos reclamando que si fue el Cuerpo de Ingenieros, o si fue OGP(Oficina de Gerencia y Presupuesto) o quien haya sido quien contrató este grupo que den a conocer este contrato y que se haga lo que se hizo con Whitefish, porque queremos que los investiguen”, detalló la presidenta del gremio al criticar que la empresa “están cerrando escuelas que ellos mismos remodelaron”. Metro intentó obtener una reacción de OGP y el Cuerpo de Ingenieros, pero las llamadas no fueron respondidas.
“Queremos que den a conocer ese contrato y que los releven del proceso, porque si construyen y remodelan escuelas tendrían conflictos de intereses y no podrían participar de la reconstrucción de escuelas que han señalado como afectadas”, requirió Díaz a la vez que exigió que se haga público a cuánto asciende el monto del contrato y cuál es el peritaje de CSA para recomendar los cierres.
La profesora mencionó planteles que no tienen filtraciones ni daños mayores, como la escuela Gastambide en Sabana Grande, pero aún así decidieron cerrarlos.
La presidenta de la Asociación señaló que el escenario post huracán podría estarse utilizando como “patrón para justificar la reparación de escuelas”.
“No estamos en contra de las reparaciones, es que sean transparentes y que el proceso para reubicación de estudiantes de esos planteles cuente con el consenso de la comunidad y no el desmantelamiento de comunidades escolares”, manifestó.
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Reclamo al personal del DE
En conferencia de prensa, Díaz y el líder de la Unión, Ángel Javier Pérez, hicieron reclamaciones a los directores regionales a que respondan los criterios utilizdos para hacer los traslados de alumnos. “Una cosa es quien las cierra y otra es dentro de Educación quien decide dónde se mueven las matrículas y a esos les estamos exigiendo responsabilidad y más respeto por las comunidades escolares”, mencionó Díaz.
