El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ante la postura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por el proyecto del Senado 27, anunció que investigará los costos de los servicios de salud y se mostró receloso de los vínculos de los miembros del organismo con el sector de las aseguradoras.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el proyecto del Senado 27 (Ley 47), que pretende defender los derechos de los pacientes frente los intereses de las aseguradoras, sobre todo aquellas personas que no poseen un plan médico y que sóli cuentan con la cobertura de salud del gobierno.
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Sobre la ley, la JSF ha establecido que “no contiene el requerido del estimado formal sobre el impacto fiscal de la ley”.
Así, y ante un nuevo conflicto con el organismo, en el comienzo de la comisión total del Senado en Mayagüez, Rivera Schatz, dijo que la ley “tiene como objetivo brindarle una oportunidad al ciudadano y a la ciudadana que tiene un plan médico, en aquellos casos en donde el plan médico le niega cobertura a un medicamento tratamiento o servicio, exista un foro e instrumentalidad que le permita de manera objetiva, realmente objetiva, decidir si en efecto correspondía dar la cobertura o no”.
Para el legislador, “es insostenible que la Junta de Control Fiscal de alguna manera haya revocado esa ley, que no tiene ningún impacto fiscal y que no es inconsistente con el plan fiscal y así se lo acreditaron las agencias del gobierno de Puerto Rico cuando solicitaron información”.Sobre el tema, anticipó que “voy a iniciar una investigación conducente a saber lo que es el costo de los servicios de salud en Puerto Rico”.
Acto seguido, consignó que “no estoy acusando a nadie, pero el presidente de la Junta tiene un negocio que vive o que se vincula con los seguros médicos y el subdirector fue presidente de Triple S”.Añadió que “por si fuera poco, el bufete O’Neill & Borges, que a su vez es abogado de la Junta, defiende a algunas aseguradoras que estuvieron cabildeando en contra de este proyecto”.
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“Entonces, teniendo esos datos y yo no estoy acusando a nadie, los hechos son que Carrión tiene un negocio que vive del asunto de las aseguradoras. Los hechos son que el subdirector Ramón Luis Comas fue presidente de Triple S. Los hechos son que O’Neill & Borges, además de ser abogado de la Junta, es abogado de las aseguradoras. Los hechos son que estuvieron cabildeando en contra de un proyecto que el único propósito que tiene es defender al ciudadano en un tema de salud”, afirmó.
El político aseguró que la JSF “está en contra de que un paciente de cáncer, alguien que reciba diálisis y que tenga un quebranto de salud severo tenga un foro a dónde acudir cuando las aseguradoras que han triplicado sus ganancias y así lo han acreditado le nieguen cobertura a un puertorriqueño o una puertorriqueña”.
Igualmente, advirtió que “vamos a hacer una investigación de hechos y hacer unas recomendaciones que podrían inclusive llegar hasta un referido al FBI porque aquí sin lugar a dudas existe la posibilidad de que alguien esté ejerciendo influencias de manera sutil, solapada y escondida para sus propios negocios”.
Abundó que “nosotros vamos a hacer una investigación y vamos a citar al presidente de la Junta para que vaya en calidad de persona que brega con asuntos de salud y no en su calidad de miembro de la Junta. De igual manera, vamos a citar al subdirector, no en su calidad de subdirector sino en términos de su vinculación con el negocio para verificar su influencia y comunicaciones, y vamos a citar a otras personas que ya han estado haciéndonos acercamientos conociendo como gente fue allí para tratar de influir en una ley que el único propósito que tiene es defender al puertorriqueño que tiene un quebranto de salud”.
“Si fuera necesario, entonces haríamos un referido al FBI si alguien está usando su cargo para beneficiar sus negocios”, lanzó, al tiempo que informó que las aseguradoras también serán citadas.
Sobre esta posibilidad, aclaró que “yo no estoy investigando la Junta. Yo estoy investigando en un tema de salud datos y hechos que afectan la cubierta de los puertorriqueños. Si alguien, por casualidad, ocupa un cargo en la Junta, eso es una casualidad. Nosotros estamos investigando el tema de salud y no estamos investigando la Junta, pero la Junta puede hacer lo que quiera y puede decir lo que quiera, pero en su rol privado aquellos que hayan influido para afectar al puertorriqueño le van a responder al Senado”.
