El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jorge Navarro Suárez, y la representante Maricarmen Mas Rodríguez, del Distrito 19 de Mayagüez y San Germán, rechazaron hoy el establecimiento de una edad mínima para el procesamiento de menores sean procesados en los tribunales del país.
“Entiendo perfectamente las preocupaciones de los que buscan colocar una edad mínima. Nosotros compartimos muchas de esas inquietudes, sin embargo no podemos amarrarnos a eso porque el sistema no es blanco y negro”, dijo Navarro Suárez.
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Ambos representantes a la Cámara por el Partido Nuevo Progresista (PNP) consideraron que el concepto de imponer una edad para que los menores puedan enfrentar procesos judiciales ya ha sido rechazo por administraciones de ambos partidos políticos.
Indicaron que en 2009 el entonces gobernador Luis Fortuño vetó el proyecto del Senado 1107 del Senador por Arecibo José Emilio González, el cual buscaba colocar la edad de 11 años antes de que los tribunales puedan ejercer jurisdicción sobre ellos.
Este mismo intento ocurrió bajo la pasada administración de Alejandro García Padilla y la medida no prosperó.
“Me uno a las expresiones del compañero Navarro Suárez sobre que conocemos las inquietudes, pero estamos claro que no es el momento”, comentó Mas Rodríguez al mostrar su respaldo a las medidas del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, a favor de una nueva Ley de Menores, “justa y ajustada a la realidad que vivimos”.
En este sentido Navarro Suárez estableció que “apoyamos los proyectos de la Cámara 1035 y 1036 porque son de avanzada y establecen los parámetros para un sistema de justicia juvenil justo, basado en la realidad que vive nuestra sociedad, apoyando la rehabilitación mientras que, a la misma vez, enfocando la ley”.
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Consideró que ambas propuestas son la zapata de una verdadera Ley de Menores.
Mas Rodríguez anotó que no investigar o procesar cualquier conducta delictiva imputada a un menor, solo por su edad, “no es algo real”, por lo que corresponde a los procuradores de Menores llevar a cabo la investigación pertinente y evaluar la prueba de manera justa, sin que midan amarras, para determinar el curso de acción.
“Colocar un límite de edad tendría como resultado dejar a las víctimas desprovistas de remedios y a los ofensores sin un sistema de rehabilitación de conducta”, agregó Mas Rodríguez.
