Aunque el pleito de clase Rosa Lydia Vélez se mantiene detenido tras un acuerdo entre el Gobierno y los padres de los estudiantes, este miércoles volverá a ser objeto de debate en una vista del Tribunal federal con la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de PROMESA.
Según el Comité Timón de Padres y Madres de Niños de Educación Especial, la principal preocupación es que, por la paralización, el Estado cancele sus pagos a los honorarios de los abogados que prevalecen en las querellas.
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En el caso ante la jueza se discutirá la paralización de los honorarios de abogado en los casos individuales de querellas y revisión judicial de cada niño en el país.
A juicio de la portavoz del Comité, Carmen Warren, detener los honorarios violenta la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA, siglas inglés), mientras que afectará a los alumnos, pues aquellos que requieran de asistencia legal no podrán costearla.
Esta disputa se espera que sea discutida durante la vista del miércoles en la que se planteará si la paralización de acciones de cobro al Estado que dispone el Título III de PROMESA también aplica al cobro de honorarios de los abogados de Educación Especial. Ante esta situación, Warren indicó que convocan a todos los padres para que asistan a la vista judicial, que es abierta al público, de manera que hagan constar su presencia en el Tribunal de Hato Rey. Por otro lado, se les permitirá argumentar a los abogados que radiquen una comparecencia formal y moción informativa previo al mediodía de hoy.
“Los servicios a los estudiantes se pueden ver afectados en la medida que se oponen a contratar abogados para que no los pague el Estado”, expresó la portavoz de los padres, quien reclamó que se dejan indefensos a los niños, especialmente aquellos de escasos recursos.
Detalló que los abogados podrán el miércoles argumentar cómo se afectarán los estudiantes si el Departamento no cumple con los honorarios.
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Recientemente en el Tribunal se suscribió un acuerdo para que, en vez de pagar $10 mil de multa, el gobierno pagara $5 mil. No obstante, al momento queda en suspenso el pago de los honorarios.
Metro solicitó una reacción del Departamento de Educación, pero, al cierre de esta edición, no se había recibido.
