En una fuerte crítica a la gestión que realizan los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la deuda pública de Puerto Rico, el reconocido periódico estadounidense The Washington Times, recomendó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambiar uno de los integrantes de dicho cuerpo federal creado a través de la ley PROMESA.
“Uno, Arthur González, un juez de Nueva York que se supone que debe saber algo sobre la ley de bancarrota, es un nombramiento presidencial que el presidente Trump puede y debe reemplazar”, apunta el periódico en su editorial. “Un nuevo miembro de Trump con un trasfondo apropiado en finanzas municipales aumentaría la capacidad del tablero de empujar políticas fiscalmente sanas y de garantizar la administración competente”, añaden.
“Puerto Rico continúa luchando con las consecuencias de una deuda irresponsable”, apunta la publicación, al tiempo que asegura que PROMESA, amenaza con acelerar el colapso del país, aunque no necesariamente por porque dicha ley no sea funcional, sino porque a juicio del medio, la JSF no está tomando las “decisiones difíciles” que debería tomar.
En su editorial publicado ayer, además, el medio claramente defiende los tenedores de bonos de Puerto Rico y critica el hecho de que el gobierno del país intente proteger las pensiones del Sistema de Retiro.
“Puerto Rico ya pasó el estado crítico y se acerca a un desastre que conducirá, sin duda, a las demandas de que el gobierno de los Estados Unidos pague las facturas de la isla. La culpa de esto va para los políticos que todavía están tratando de proteger las pensiones de los empleados públicos por encima de todo lo demás”, señala el medio, al tiempo que indican que un nuevo miembro nombrado por Trump “podría ser el nuevo voto decisivo en empujar hacia atrás contra los ataques fiscales, permitir una tasa de recuperación realista para los tenedores de bonos y poner en orden la casa financiera de Puerto Rico”.
De acuerdo al editorial, el Gobierno de Puerto Rico está desviando alrededor de un 20 % del dinero de los fondos de obligación general y los está utilizando para “propósitos inadecuados”.
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“El gobierno de Puerto Rico está usando los ingresos designados al pago de la deuda, para los gastos ordinarios del Estado Libre Asociado”, apuntan.
La defensa a los tenedores de bonos continúa de forma marcada en la publicación editorial, que señala una alegada falta de transparencia en las deliberaciones tanto de la Junta como del Gobierno, “que antagoniza aún más los mercados crediticios de los que depende el gobierno”.
“Un acuerdo justo para los problemas financieros de Puerto Rico sólo puede ser alcanzado a través de negociaciones transparentes, mayor responsabilidad y un respeto por las prioridades legítimas y gravámenes. Una nueva administración marca una nueva dirección y una nueva política, y el presidente (Trump) necesita una representación adecuada en la junta de supervisión para resolver la crisis de deuda de Puerto Rico de una vez por todas”, puntualiza la publicación.