Jaime Perelló Borrás, expresidente de la Cámara de Representantes acusado de participar en un esquema de corrupción y venta de influencias de la mano del convicto Anaudi Hernández, reclama su inocencia. Hoy, sus abogados José Andréu Fuentes y José Olmo presentaron una moción ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan reclamando la desestimación de cuatro cargos en su contra.
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Las denuncias que el exrepresentante solicita sean erradicadas fueron sometidas por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) e incluyen una violación a la Ley de Ética Gubernamental, al Artículo 269 del Código Penal de Puerto Rico sobre perjurio, al Artículo 212 del Código Penal por falsificación ideológica y al Artículo 217 del Código Penal por posesión y traspaso de documentos falsificados.
De acuerdo al licenciado Andréu Fuentes, “ninguna de las denuncias procede bajo Ley”. En específico, el letrado comentó que la presunta violación a la Ley de Ética Gubernamental no le aplica a su cliente, porque según el Artículo 4.2 que se le imputa a Perelló Borrás está relacionado con la gestión de la rama ejecutiva del Gobierno.
“Nos parece insólito que el PFEI haya denunciado a nuestro cliente por violar una ley que claramente no le aplica […] El señor Perelló perteneció a la rama Legislativa”, ripostó el abogado a través de un comunicado de prensa.
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Los cargos sobre falsificación ideológica, perjurio y posesión y traspaso de documentos surgen ante un reclamo del PFEI que acusa al líder de la pava de recibir un donativo para su campaña política que no reportó en un informe financiero a la Oficina de Ética Gubernamental.
De acuerdo a los abogados de Perelló Borrás, el Artículo 5.4 de la Ley de Ética dispone expresamente que los informes financieros a radicarse ante dicha oficina “no será necesario informar sobre ingresos y gastos relacionados con campañas políticas”. “Tales donativos solo tienen que incluirse en un informe trimestral que se presenta ante la Oficina del Contralor y no en los informes de Ética”, explicó por su parte el licenciado Olmo.
“Si fuera como fice el PFEI, habría que denunciar a todos los funcionarios electos de este país, pues ninguno de ellos ha incluido los donativos recibidos en sus campañas políticas en sus informes ante la Oficina de Ética. No las han incluido porque no hay obligación en Ley de así hacerlo”, expresó Andréu Fuentes.
El letrado añadió que el PEFEI está cometiendo un “abuso” contra su cliente.
Los abogados de el expresidente cameral se sostienen en que su representado no ha cometido ningún delito. Afirmaron que recibir un donativo político no es contrario a la Ley y que si el mismo excede la cantidad estipulada por el marco legal actual solo representa una falta administrativa, sujeta únicamente a una multa.
