Tras varios medios de comunicación reseñar que Cabo Rojo está asediado por la basura, la Legislatura municipal de dicha localidad enmendó la controversial iniciativa naranja, que obligaba a la ciudadanía a comprar bolsas plásticas para que le recogieran la basura.
Ahora, además de las bolsas naranjas, los vecinos caborrojeños podrán adquirir un zafacón que estará debidamente identificado, cuyo costo será de $30 una sola vez al año. También tendrán la oportunidad de comprar un zafacón de 45 galones, que tendrá un valor de $40. Ambas tarifas pueden ser costeadas en tres y cuatro plazos, respectivamente.
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Empero, hay un detallito: quienes opten por usar el bote de basura y no las bolsas plásticas deben pagar al municipio una mensualidad. Quienes adquieran el zafacón con menor capacidad pagarían $10 al mes; la persona que utilice el más grande pagaría $15 mensualmente. Los desperdicios sólidos serían recogidos una vez a la semana.
Los comerciantes tendrán la opción de utilizar un zafacón de 45 galones con una tarifa fija de 40 dólares mensuales, recogido seis veces en la semana. Su costo de adquisición será de 40 dólares, pagadero una sola vez. Podrá pagarse, a opción del comerciante, en un solo plazo o en cuatro plazos de 10 dólares.
De otra parte, la nueva ordenanza bajó el precio de las bolsas naranjas. Ahora la gente pagará $1.60 por la de 15 galones (antes $1.75) y $3.10 por la de 30 galones (antes $3.40).
Sobre la acción que ha tomado el pueblo de Cabo Rojo de obviar la compra de las bolsas plásticas y lanzar la basura en lugares prohibidos, el alcalde Ricardo Ramírez Morales dijo esta semana en una entrevista televisiva por WAPA que a dichos individuos se les aplicará el peso de la ley.
“Se han multado a cuatro personas por la Ley 308 y la Ley de Tránsito. Una por $1,000 y a tres por $100”, comentó el primer ejecutivo municipal durante su alocución.
A través de un comunicado de prensa, el mandatario insistió en que la iniciativa naranja es necesaria, a causa de la crisis fiscal que viven los municipios del país, luego de que el ejecutivo cortó un subsidio de $350 millones que recibían del Gobierno central.
