El presidente de la Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable de Puerto Rico (ACONER), expresó su preocupación con eventos recientes que podrían significar la eventual desaparición del Fondo de Energía Verde (FEV) para la instalación de sistemas de energía solar.
Según expuso en una comunicación escrita, el programa que data desde 2010 y ha propiciado la integración de cientos de sistemas en los techos de residencias y comercios en toda la Isla.
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El reembolso recientemente ha sido de 30% para residencias y pequeños negocios, y de hasta 40% para proyectos a mayor escala. La ley dispone que el dinero asignado proviene de lo recolectado anualmente en arbitrios por compra de automóviles. “El presupuesto para este año fiscal presentado por el Gobierno y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal refleja una asignación de $7 millones para el programa. Esto a pesar de que la Ley 83 establece una asignación de $20 millones anuales hasta el 2020. Al sol de hoy no hemos tenido conocimiento de que se haya presentado una enmienda a la ley a esos efectos. Estamos hablando de una dramática reducción de 65%”, puntualizó Guzmán.
De igual forma, comentó que la ley establece que los fondos se distribuyan en dos niveles del programa manejado por la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), el Nivel 1 para proyectos de hasta 100 Kilovatios (KW) de capacidad y el Nivel 2 para los proyectos de mayor escala con capacidad sobre los 100 KW, hasta 1,000 KW.
Denuncian sorpresiva eliminación
Según Guzmán, “este año los problemas administrativos comenzaron a reflejarse con tardanzas inusuales en la evaluación de proyectos presentados en el programa del Nivel 2, las cuales están tomando un periodo mayor a los 40 días que dispone la misma ley. Eventualmente y de manera sorpresiva se anunció en la página web del programa (www.prgef.com) con una corta nota y sin mayores explicaciones la suspensión del Nivel 2 para el presente año fiscal”. La Ley 83 dispone que el programa debe aceptar las solicitudes para reembolsos del Nivel 2 trimestralmente, comenzando en julio de cada año fiscal.
“Nos preocupa que una situación similar pueda ocurrir con el Nivel 1 del programa, el cual recibe las solicitudes de reembolsos para los proyectos residenciales. Ya la misma Oficina de Energía (OEPPE) nos expresó que el primer ciclo de solicitudes para este año fiscal será retrasado, posiblemente para septiembre”, dijo Guzmán. “A esto se añade una aumento significativo en la espera por los pagos de reembolsos a los participantes. Lo que antes demoraba unos 3 a 6 meses, ahora ya está tomando casi un año. Hay casos pendientes de principios de 2016 que aún no se han pagado. Estos retrasos minan la credibilidad del programa y afectan el beneficio económico que busca el individuo o empresario que ya invirtió en el sistema. En el caso de proyectos del Nivel 2, los afectados por esta situación son principalmente comercios locales que ya efectuaron una inversión sustancial para reducir sus costos energéticos y poder subsistir en el difícil ambiente económico del país.”
“Queremos dejar claro que no estamos siendo insensibles a la situación fiscal que vive el país. Pero por otro lado queremos dejar en récord nuestra preocupación con la potencial desaparición de un exitoso programa que ha sido importante para el desarrollo de la energía renovable y de impacto positivo para la economía, según ha sido expresado por todas las administraciones gubernamentales que han sido partícipes del mismo. Hemos estado en comunicación con la Oficina de Energía y les hemos hablado de nuestra inquietud, al igual que les hemos expresado nuestra disposición para colaborar en mejorar el programa y mantenerlo vigente. Este es un programa que tradicionalmente ha sido prioritario para el gobierno, porque siempre ha sido cónsono con la política pública y el consenso en favor de la energía renovable en Puerto Rico”, finalizó el ingeniero.
