El enfrentamiento entre los poderes públicos en Venezuela se intensificó luego de que la fiscal general se negara a asistir a una audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia sobre el proceso para su eventual destitución, en medio de la creciente tensión generada por las protestas que dejaron este martes un joven fallecido en el suroeste del país.
Luisa Ortega Díaz, quien está enfrentada con el gobierno, anunció en conferencia de prensa que decidió no concurrir porque se está “violando el derecho a la defensa y al debido proceso”.
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“No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor”, sostuvo la alta funcionaria al asegurar que no se sometería a ese “tribunal inconstitucional e ilegítimo”.
La fiscal indicó que la decisión de su enjuiciamiento y destitución ya “está cantada” y sostuvo que “no los reconozco”.
Ortega Díaz consideró al proceso en su contra un “golpe de Estado”.
El pronunciamiento de la fiscal general se dio de forma simultánea al inicio de la audiencia en la Corte. La alta funcionaria había sido citada a una sesión para discutir una solicitud de antejuicio de mérito para retirarle un beneficio legal y enjuiciarla por las supuestas “faltas graves” que habría cometido en el ejercicio de su cargo.
El diputado oficialista Pedro Carreño, quien solicitó el enjuiciamiento, la acusó de “lesionar la ética pública y la moral administrativa”, “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la constitución”, “violar, amenazar o menoscabar” la carta magna y realizar “activismo político partidista”.
Horas antes del inicio de la audiencia los alrededores del Tribunal Supremo fueron tomados por decenas de guardias nacionales que bloquearon las vías de acceso con el apoyo de camiones antimotines.
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Luego de más de dos horas de audiencia el presidente de la Corte, Maikel Moreno, cerró la sesión y dijo que el máximo tribunal se pronunciará en un lapso de cinco días.
Ortega Díaz, que hasta hace unos meses era identificada como cercana al oficialismo, inició a fines de marzo un distanciamiento del gobierno que escaló en las últimas semanas luego de que presentara varias acciones contra la reforma de la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
Algunas figuras del oficialismo la llamaron “traidora” y la acusaron de favorecer la impunidad en las manifestaciones contra el gobierno que iniciaron a fines de marzo y han dejado unos 91 muertos, 1.400 heridos y más de 500 detenidos.
La Fiscalía General confirmó el deceso de Engelbert Duque, de 25 años, quien murió durante una manifestación en la población suroccidental de Táriba, estado Táchira.
También el martes el Tribunal Supremo nombró a la vice fiscal Katherine Haringhton, quien fue sancionada en 2015 por el gobierno de Estados Unidos por presuntas violaciones a los derechos humanos. Ortega Díaz descartó que vaya a reconocer a Haringhton.
El Tribunal Supremo, señalado de ser controlado por el oficialismo, rechazó el mes pasado la designación como vice fiscal de Rafael González que había hecho Ortega Díaz y otorgó a la Defensoría del Pueblo atribuciones para participar en las investigaciones penales sobre violaciones a los derechos humanos que eran exclusiva competencia del Ministerio Público.
Ortega Díaz anunció a fines de junio que desconocería las sentencias del máximo tribunal y pidió a la mayoría opositora del Congreso que ratificara la designación de González, acción que se concretó la víspera.
En medio de la tensión política, Maduro defendió la iniciativa a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros serán electos a finales de este mes, y consideró como una “violación” a la constitución el plebiscito simbólico que convocó la coalición opositora para el 16 de julio en el que se consultará a los venezolanos sobre el proceso constituyente, el rol que demandarán a los funcionarios y militares para restituir la carta magna, y si respaldan una renovación de los poderes públicos.
La coalición opositora convocó este martes a un bloqueo por seis horas de algunas vías en Caracas y otras ciudades en la continuación de las protestas. Opositores denunciaron que en algunos puntos del norte y oeste de la capital grupos de hombres armados, con los rostros cubiertos con telas, atacaron con armas y fuegos artificiales a manifestantes que se encontraban en barricadas y destruyeron la entrada de una clínica privada.
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