El licenciado Alfonso Orona Amilivia, principal asesor legal del Gobernador de Puerto Rico, indicó que el Gobierno de Puerto Rico está complacido con lo que ha ocurrido, hasta el momento, en el proceso de arbitraje que se lleva a cabo en virtud del Título III de la Ley PROMESA.
“Se presentaron argumentos, tanto por parte de los acreedores como por los representantes de la Junta de Supervisión Fiscal, para que ciertas controversias y negociaciones se atendieran fuera del proceso establecido bajo el Título III y ambos planteamientos fueron rechazados”, expuso en una comunicación escrita.
Orona Amilivia indicó además que “la Junta quería que la controversia entre los tenedores de obligaciones generales y los bonistas de COFINA se dilucidara fuera del proceso, algo a lo que el Gobierno se opuso y el tribunal rechazó la petición de la Junta. Con estas determinaciones, se mantienen las controversias dentro del procedimiento ya establecido bajo la Ley PROMESA, lo que da mayor uniformidad al proceso y permite el cumplimiento con el Plan Fiscal aprobado en virtud de dicha ley. El Gobierno de Puerto Rico va a continuar participando activamente en el proceso de forma tal que se proteja el bienestar del Pueblo”.
