Un monto total de millón 510,921.90 dólares defraudaron 13 personas al Seguro Social, luego de cobrar maliciosamente los beneficios del seguro de discapacidad, según determinó un Gran Jurado Federal en el distrito de Puerto Rico.
Se trata de nueve acusaciones separadas en las que se acusa a 13 personas de fraude, según anunció la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez. Los casos fueron investigados por la Oficina de Seguridad Social del Inspector General (SS-OIG), con la colaboración de la Oficina de Inspección General de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Policía de Puerto Rico.
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Todos ellos informaron sobre diversos tipos de discapacidades que les impedían trabajar y, sin embargo, estaban trabajando.
Las 13 personas están acusadas de robo de propiedad del gobierno, ocultación o no divulgación de actividad laboral a SSA y declaraciones falsas o representaciones al Seguro Social. Los implicados, voluntariamente, malversaron, robaron y usaron los pagos del Seguro Social por incapacidad a sabiendas de que no tenían derecho a ello.
Damaris Marrero Santiago e Isaias Díaz Torres están acusados por recibir fraudulentamente 254,100.90 dólares; Mariluz Rodríguez Rodríguez y Juan C. Rodríguez Miranda, 82,700.90 dólares; Roberto Padilla y Ednali Ramírez Maldonado, 317,083.40 dólares; Nancy Serrano Picón, 130,493.20 dólares; Edwin Maldonado Burgos y Consuelo Núñez Serrano, 72,235.30 dólares.
Además de Elson Fernández, 77,647.50 dólares; Arnaldo Ramos Mártir, 142,096.40 dólares; Minerva Carro Rivera, 311,976.10 dólares; y Luis Álvarez Ramos, alias “Wichy”, 56,207.20 dólares.
La acusada Nancy Serrano-Picón también fue acusada de fraude sanitario, pues solicitó y recibió beneficios de Medicare.
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La fiscal especial Vanessa D. Bonano Rodríguez es la encargada de procesar los casos. En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión y/o multas de hasta 250 mil dólares.
Seguro Social es responsable de la implementación del Programa por Discapacidad, en la que se proporcionan beneficios monetarios a trabajadores con discapacidades severas de largo plazo que han trabajado en un empleo cubierto por la SSA por un período de tiempo requerido.
Los cónyuges y los hijos a cargo de trabajadores discapacitados también pueden ser elegibles para recibir beneficios.
De acuerdo con los reglamentos de la SSA, un reclamante debe probar que está discapacitado, proporcionando la evidencia médica.
