La Coalición del Sector Privado, entidad que agrupa más de 30 organizaciones de diversos sectores del país, hizo un llamado el viernes, a la Junta de Control Fiscal (JCF), al Ejecutivo y la Legislatura a intervenir y detener las acciones desconcertadas de los alcaldes y advirtieron de los efectos negativos que tendría sobre la economía del país, la merma de recaudos del gobierno central y el empobrecimiento de los puertorriqueños.
La Coalición sostuvo que recientemente éstos han anunciado aumentos a las Patentes Municipales e Impuestos a la propiedad entre otras medidas para allegar nuevos fondos a los municipios a costa de los negocios y los ciudadanos en general.
Ramón Leal, presidente de Asore hizo un llamado a los Alcaldes, en declaraciones escritas, a que “no trasladen el efecto neto de sus pérdidas de ingresos a los comercios de forma discriminatoria y selectiva. Como comerciantes no podemos estar a la expectativa de que en cualquier momento y a cualquier hora se nos anuncie un nuevo impuesto o aumento. Esto es fatal para nuestros negocios, empleos y por ende nuestra recuperación económica. Nuestro llamado es a la transparencia y que así como el Sector Privado ha tenido que implantar medidas de austeridad y eficiencias, los municipios nos presenten las suyas antes de tomar la vía más fácil y a la vez mortal para el país”.
En momentos en los que el País está a la expectativa que el Plan Fiscal y el presupuesto aprobado del Gobierno comience a generar resultados hacia la recuperación y desarrollo económico para salir de la peor crisis de su historia, municipios como San Juan, Caguas, San Lorenzo y Ponce han anunciado aumento en impuestos a los comercios, que casi duplican la tasa contributiva de patentes municipales de su máximo actual de .5 por ciento a .85 por ciento en el caso de la mayoría de los negocios.
En marzo de 2017 el Municipio de San Juan aumentó el tipo contributivo aplicable a las patentes municipales de negocios que generan más de 300 mil dólares, de un .20 por ciento a un .50 por ciento, un 150 por ciento de aumento. En el caso de Caguas, la Asamblea aprobó una imposición llamada “Aportación Empresarial Municipal”, a todas las empresas que reporten ingresos brutos de 3 millones de dólares o más se les estará añadiendo un .35 por ciento; efectivo el primero de julio. Mientras que de Ponce estableció un aumento de 2.00 por ciento en las tasas de propiedad mueble e inmueble; de un 8.33 por ciento a 10.33 por ciento para la planilla de propiedad mueble del 2017 y desde 1 de julio en la propiedad inmueble de 10.33 por ciento a 12.33 por ciento.
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La Coalición solicita la intervención de la Junta de Control Fiscal, el Ejecutivo y la Legislatura del país para evitar una crisis nacional, que a todas luces se vislumbra peor que la ocasionada por la nefasta Patente Nacional implantada por el Gobierno de García Padilla; y que es totalmente opuesto al Plan de Gobierno encaminado por la actual administración con el lema, “Puerto Rico is open for business”. A raíz de los recortes de $350 millones en fondos a los Municipios, contemplados en el Plan Fiscal, cada municipio buscará la forma de allegar más fondos, lo cual terminará por reducir ingresos proyectados al fondo general, provocará pérdidas en los negocios y el desempleo aumentará.
Es hora que los Alcaldes, el Ejecutivo y Legislativo se sienten en una mesa con unidad de propósito, estrategia y uniformen las medidas fiscales y económicas. Aumentar patentes municipales, que van contra el volumen bruto del negocio y no sobre las ganancias, terminará por estrangular las operaciones de miles de comercios que hoy están muy vulnerables y encarecerá más el costo de vida de los ciudadanos.
“Lo grave de las patentes es que es una contribución que se basa en la venta bruta del comercio sin tomar en consideración todos los gastos operacionales tales como nómina, utilidades, renta, depreciación u otras contribuciones. Por tanto, la contribución se impone sin considerar la posición económica del comercio. O sea, si un negocio está en pérdidas, como quiera viene obligado a pagar el impuesto. En la mayoría de los casos los comercios no generan ingreso neto suficiente para poder cumplir con este impuesto como es el caso de la industrial al detal que opera con márgenes relativamente bajos. Impuestos como este van en dirección contraria a incentivar la económica” señaló Lymaris Otero, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio al Detal.
Los portavoces de la Coalición, comerciantes y líderes empresariales, recuerdan con mucha preocupación las pesadillas que vivieron con el también llamado “Patentazo”, legislación que en aquel entonces tuvo la oposición de los legisladores del PNP y que tuvo que ser derogada por el daño irreversible a las operaciones de pequeños, medianos y grandes comerciantes y a la economía del país en general.
“Como recordarán, una de las consecuencias más devastadoras que tuvo la Patente Nacional fue el efecto en cascada de aumento de costos en la cadena, desde los importadores, distribuidores, manufactureros y comercios ya que era un impuesto confiscatorio de las ventas. Esto terminó estrangulando las finanzas de las empresas y aumentando los precios de los bienes y servicios que el consumidor paga. En este momento, ni los consumidores ni el sector productivo del país, resisten más impuestos. Esa fue una de las estrategias fallidas que nos trajo hasta aquí y ahora estamos bajo la amenaza de verla multiplicada por 78. Reconocemos que existe necesidad de ingresos pero el enfoque tiene que ser obtenerlos mediante crecimiento económico” acotó el licenciado Manuel Reyes, Vicepresidente Ejecutivo de MIDA.
Los portavoces fueron enfáticos al plantear que un aumento a patentes municipales, sin antes auscultar medidas de mayor fiscalización y recaudos de impuestos a propiedades que hoy no están tasadas, recaudos a evasores contributivos, eliminación de impuestos a los inventarios y reducción de gastos discrecionales, entre otras posibles medidas; resultaría en un grave golpe al sector privado y al bolsillo del consumidor; y en su llamado a que la Junta de Control Fiscal, el Ejecutivo y la Legislatura intervengan para poner un freno a esta tendencia devastadora.