Un total de 178 centros de atención para ancianos operan ilegalmente en Puerto Rico al no contar con las licencias y documentos requeridos por las autoridades locales o debido a irregularidades administrativas.
Dania Vázquez Díaz, de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPE), dio a conocer hoy ese dato durante una vista celebrada en la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado
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La vista se celebró con motivo del Proyecto del Senado 225, pieza legislativa de la autoría de la exprocuradora de Personas de Edad Avanzada, Rossana López León, y la senadora Venegas Brown que pretende crear la Ley para el Licenciamiento y Supervisión de Establecimientos para personas de Edad Avanzada y derogar la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada de 1977.
En Puerto Rico hay un total de 17.485 personas de edad avanzada que reciben servicios de hogares y establecimientos de cuidados en poco más de 700 centros.
