El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó una medida de administración para garantizar el acceso fácil, gratuito y expedito de información pública, informó el jueves.
“Para esta administración es de suma importancia establecer como política pública y con la fuerza de una ley, el proceso para garantizar el ejercicio adecuado del derecho constitucional de acceso a la información y documentación pública”, expresó el primer mandatario en declaraciones escritas.
PUBLICIDAD
Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, brindó los detalles de la medida, explicando que lo que se busca es un proceso expedito y gratuito de acceso a la información pública.
“Con la presentación de esta medida el gobernador da un paso importante para cumplir su compromiso y crear un proceso expedito y gratuito para solicitar información pública como garantiza la Constitución de Puerto Rico”, indicó el secretario.
Estipuló que al presente no se cuenta supuestamente con regulación especial para solicitar información pública a las agencias de Gobierno y depende de la discreción de las agencias y de los tribunales para atender los reclamos de acceso a la información.
“Esta medida obligaría a las tres ramas de Gobierno, la Ejecutiva, Legislativa y Judicial, a ofrecer la información de forma inmediata si se tiene accesible o 10 días si se justifica. El recurso al tribunal será gratuito, pues hoy día requiere una inversión en sellos y emplazamientos de entre 140 a 190 dólares. Además, el tribunal tendría que resolver en 10 días”, aseguró Rosario Cortés.
Añadió que todas las entidades gubernamentales deberán designar de entre sus empleados como oficiales de información, quienes se encargarán de producir la información pública solicitada de manera expedita para ser inspeccionada, reproducida o ambas, según se solicite.
PUBLICIDAD
De igual forma, el secretario informó que, a diferencia del pasado con medidas que no lograron aprobarse en la Asamblea Legislativa, el proceso para confeccionar esta medida fue uno amplio y de apertura en el cual se realizaron reuniones periódicas con organizaciones que representan a periodistas y comunidades.
Entre las organizaciones que se integraron a este proceso de evaluación y recomendaciones se encuentran el Overseas Press Club, Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y la Red de Transparencia compuesta por Abre PR, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, el Centro de Periodismo Investigativo, Agenda Ciudadana, entre otras.
El presidente del Overseas Press Club, Ángel Rodríguez, afirmó que “luego de una discusión que surgiera a mediados del año pasado con una propuesta de supuesta transparencia en el acceso a la información pública, pero que más que transparencia proponía crear dos costosos andamiajes gubernamentales nuevos, tomamos con cautela el acercamiento que nos hiciera la presente Administración proponiendo una Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Tenemos que reconocer que desde un principio se acogió nuestro reclamo de no alterar los conceptos de lo que hasta hoy constituye información pública; por el contrario, estableciendo una presunción clara de que toda información en poder del Gobierno debe ser de carácter público”
“La medida propuesta se ha limitado a crear un mecanismo procesal que se espera sea ágil y poco costoso, aunque se preservan y salvaguardan todas las vías formales e informales que son utilizadas al día de hoy tanto por la prensa como por el resto de la ciudadanía. En tanto la propuesta Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública se mantenga en los parámetros que hemos discutido, y se reconozca como un mecanismo adicional al ordenamiento existente, sin trastocar dicho ordenamiento, ni crear más burocracia gubernamental, el Overseas Press Club no tendría objeción a su aprobación”, formuló.
Por su parte, el expresidente de la ASPPRO y de Overseas Press Club, Rafael Lenín López, y quien ha fungido, para efectos de este proyecto, como portavoz de un grupo de ex presidentes de los gremios periodísticos, afirmó que “el acceso pleno a la información es un derecho de los ciudadanos y este proyecto permitirá que el mismo se pueda ejercer de manera rápida, estableciendo claramente las reglas con las que tendrá que cumplir todo funcionario al momento de atender un requerimiento”.
