La jueza Ileana Blanco de la sala de investigación de San Juan, determinó causa contra tres exrectores del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otras dos personas del sector privado, por supuesta malversación de fondos públicos y fraude.
El caso está vinculado a un esquema de corrupción con fondos del programa Crece-21 que certificaba a maestros del sistema público mediante talleres.
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A los exrectores: Yanaira Vázquez Cruz de UPR Utuado, Juan Ramírez; de Arecibo y Juan Varona Echeandía, de Cayey; así como a Jonathan Ramírez Pérez, hijo del exrector de la UPR de Arecibo y Ada Liz López, excoordinadora de Proyectos UPR Arecibo y directora del Proyecto Crece-21, la jueza le impuso una fianza de $2,500 por cada caso.
Contra el grupo se radicaron 62 denuncias por lo que el monto global de la fianza ascendió a $155,000, la cual, según se informó, fue prestada a través de la Oficina con Antelación a Juicio (OSAJ). La vista preliminar quedó pautada para el próximo 5 de julio.
El caso se remonta al 24 de octubre de 2016, cuando el Departamento de Justicia presentó las primeras denuncias. Estas se cayeron al determinar el tribunal que los casos eran de la competencia del FEI.
En enero de 2017, la Oficina de Integridad Pública del DJ solicitó la intervención del procurador General, que decidió no apelar la determinación en Regla 6.
El caso fue finalmente referido al Panel, en tres etapas. En las primeras dos etapas remitidas el 6 y el 8 de marzo de 2017, se incluyó la evidencia recopilada durante la investigación preliminar efectuada.
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La tercera etapa fue entregada al FEI el 28 de marzo de 2017. En esta se incluyó el expediente del caso y varios documentos para su evaluación.
Del récord remitido por el DJ surgió que los investigados “podrían ser responsables” por la comisión fraude, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos, enriquecimiento injustificado, y aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.
También podría haberse cometido delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales, certificaciones falsas, negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.
En el supuesto esquema se defraudó al programa Crece-21, mediante una serie de compras que realizaban los imputados para su uso personal, haciendo creer mediante la falsificación de documentos y la ayuda de empleados de un hotel, que los gastos eran relacionados con el ofrecimiento de talleres para maestros.
Entre esos gastos resaltan servicios de spa, comidas en restaurantes ostentosos, barras, pago de habitaciones, compra de ropa de marcas reconocidas, zapatos, fiestas, productos de cabello, productos para la piel, entre otros.
Según Justicia, Crece-21 no fue el único programa afectado por este esquema. Los programas de Desarrollo Profesional para Maestros del K-3, Desarrollo Profesional para Maestros de Escuela Superior, Innovación en la Enseñanza de la Lengua Materna y la Cumbre Iberoamericana de la Honorable Academia Mundial de la Educación también fueron impactados económicamente tras los alegados actos fraudulentos.
Justicia estima que $73,000 fueron malversados entre junio del año 2011 y noviembre del 2012.
Para la investigación el el FEI asignó a Emilio E. Arill García como Fiscal Especial Independiente y a Lydia E. Morales Santiago, como fiscal delegada.
