Economía

Jenniffer González participa de legislación económica para Puerto Rico

Anunció que impulsa en el Congreso el esfuerzo comenzado por el sector privado en Puerto Rico para incentivar la actividad económica.

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la radicación de un proyecto para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en la isla.

En el pasado informe del ‘Task Force’ de Desarrollo Económico creado bajo la Ley PROMESA y constituido por la Cámara y el Senado federal, se presentan varias recomendaciones para el desarrollo económico del país.

Como parte de estos esfuerzos, miembros del grupo original que constituyó el ‘task force’ en la Cámara, los congresistas Tom MacArthur, Nydia Velázquez y Sean Duffy, ahora junto con la comisionada residente Jenniffer González, pondrán en acción la primera parte de las recomendaciones del informe.

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El proyecto HR 2429 radicado de manera bipartida, recoge las recomendaciones del ‘Task Force’ de Desarrollo Económico creado bajo la Ley PROMESA, enfocadas en tres áreas: desarrollo de la industria para medianos y pequeños negocios, salud y seguridad. Esto como parte del primer esfuerzo para reactivar la economía.

A continuación les mostramos detalles del proyecto

  1. Se indicó en una comunicación escrita que la medida propone un programa de préstamos para las pequeñas empresas de Puerto Rico, que permitiría hasta un millón de dólares en fondos adicionales de SBA para los intermediarios de préstamos si certifican que el 20% de los préstamos son a pequeños negocios en Puerto Rico y elimina el tope del 25% de la financiación utilizada para la asistencia previa a los préstamos.
  2. Reduce, además, las cuotas de los prestamistas a $0 en los préstamos 7(a) y los préstamos 504 de menos de $2 millones hechos a las pequeñas empresas de Puerto Rico.
  3. Los préstamos 504 promueven proyectos de inversión de capital como construcción, adquisición de propiedades comerciales y compra de maquinaria pesada.
  4. Mientras que el programa de préstamos 7 (a) es el más común y utilizado bajo SBA; provee ayuda financiera a pequeños negocios con requerimientos especiales. Los requisitos de elegibilidad son bastante flexibles.
  5. Se incluye en la medida, un programa de estímulo económico para pequeños negocios garantizando la SBA de un 80% a un 90% los préstamos 7(a) de menos de $2 millones. También se busca reducir el pago inicial de un préstamo 504 de un 10% a un 5%. Se les dará preferencia contractual a pequeños negocios cuyas sedes queden en Puerto Rico para contratos que se realizarán en la Isla.
  6. De igual forme, se crearía una cláusula para permitirle al gobierno transferir la propiedad excedente a las pequeñas empresas durante la vigencia de la Junta de Supervisión Fiscal. Actualmente, solo está permitido para negocios en el “Programa de Desarrollo Empresarial 8 (a)” o en zonas declaradas por el gobierno federal como de desastre.
  7. Se le darían incentivos de subcontrato a empresas puertorriqueñas que sirven de mentoras a pequeños negocios en Puerto Rico bajo el programa Mentor-Protégé y se eliminaría el máximo de tres negocios que una empresa con sede en Puerto Rico pudiera adoptar bajo este programa.
  8. Como miembro de los comités de Asuntos del Veterano y de Pequeños Negocios,  la comisionada residente busca establecer en Puerto Rico un Veteran Business Outreach Center.
  9. Para poder establecer este centro, la Administradora de SBA tendrá que hacer una alianza con alguna organización para proveer servicios de desarrollo empresarial a pequeños negocios de veteranos.
  10. Se busca, además, establecer el programa de Federal & State Technology Partnership que busca mejorar la participación de las pequeñas empresas tecnológicas en la innovación y comercialización de nuevas tecnologías.
  11. La medida le requiere al director de distrito de Puerto Rico de SBA que presente un informe anual tanto al Administrador de SBA como al Congreso sobre las actividades de SBA en Puerto Rico.
  12. Al Programa de Préstamos por Desastre se le añadiría como incidente que cualifica pérdidas causadas por advertencias de viaje por motivo de enfermedades contagiosas emitidas por el gobierno federal.
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