La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) radicó hoy una moción de auxilio ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que se deje sin efecto orden la orden de abrir los portones del Recinto de Río Piedras, emitida por el Tribunal de Apelaciones.
La moción surge pocos días antes de que la presidenta de la UPR, Nivia Fernández, tenga que presentarse ante el Tribunal.
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El martes pasado, la jueza Lauracelis Roques Arroyo citó a la exrectora Carmen Rivera y a la presidenta de la UPR para que el próximo lunes explicaran por qué no han gestionado un cese eficaz de la huelga universitaria, tal cual plantea la orden de Apelaciones.
De acuerdo con la orden de la magistrada, ambas funcionarias podían ser declaradas en desacato y enfrentar un pena de cárcel de hasta seis meses de no probar que trataron —por medios eficaces— reabrir los portones del recinto.
La orden del Apelativo –que revocó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en San Juan (TPI)– establecía que los portones del principal centro docente del país debían estar abiertos el 11 mayo.
No obstante, dicha orden no se cumplió y la jueza emitió una orden de desacato a la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, y a la exrectora del Río Piedras, Carmen Rivera Vega, con multas de $1,000 diarios hasta que cese la huelga y $5,000 que la UPR tuvo que pagar en un periodo de 24 horas.
El pasado 12 de mayo la administración universitaria había radicado ya una moción en la que aseguró que la administración realizó “todas las gestiones a su alcance para dar fiel cumplimiento a la orden de Mandamus e Injunction preliminar emitida en este caso”.
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Sin embargo, pese a los intentos que la administración universitaria enumera en la Moción, aseguran que el cumplimiento de la Orden estuvo fuera de su alcance, debido a que “los estudiantes en paro, los grupos de empleados y los profesores que lo apoyan, impidieron el acceso al Recinto y el restablecimiento de sus operaciones”.
Reiteran se han llevado a cabo acciones para abrir portones
La nueva moción en auxilio emitida en el Supremo reitera las gestiones realizadas por la UPR para abrir los portones y afirman que es “imposible” cumplir con la orden del Apelativo, por las mismas razones que describieron en la moción anterior.
La UPR en la nueva moción alega que “la única manera en que el TPI podía confeccionar un remedio interdictal final y completo en este caso era adquiriendo jurisdicción sobre las personas que estaban cometiendo, o estaban permitiendo que otras, bajo su intervención, cometieran actos en perjuicio del derecho de los Peticionarios a entrar al Recinto”.
Añaden que “para que una orden de cese y desista pueda ser eficaz, la misma tiene que estar dirigida a las personas que están incurriendo o permitiendo que otros bajo su control incurran en la conducta que se persigue detener”.
La administración de la UPR enfatizó en que “estas personas”, en referencia a los que mantienen cerrados los portones, deben ser debidamente identificados y “traídos al pleito como partes indispensables para que tengan la oportunidad de ser oídas”.
En defensa de la exrectora del recinto riopedrense, la moción establece que los Peticionarios pretenden impugnar la credibilidad del testimonio de Rivera con “meras aseveraciones y especulaciones”.
En su testimonio, Rivera enumeró las acciones que desde la Rectoría llevó a cabo para gestionar una apertura de los portones, actuando “dentro del marco institucional sobre convivencia que rige el curso de acción y la manera en que la UPR maneja este tipo de controversias.
La UPR afirmó que durante la vista los demandantes no presentaron ningún documento ni ningún testigo con conocimiento personal de hechos que pudieran refutar el testimonio en torno a las gestiones que se estaban realizando para gestionar la apertura del recinto riopedrense.
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