La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, reaccionó en la noche de hoy a la decisión del Tribunal de Primera Instancia, ente que declaró en desataco a la administración del primer centro docente del país por no gestionar una solución al conflicto de huelga que vive la institución.
Lauracelis Roques Arroyo, jueza que atendió el caso esta tarde, impuso una multa a Fernández y a la rectora interina del Recinto de Río Piedras, Carmen Rivera Vega, por no cumplir con una orden del Tribunal Apelativo, emitida en respuesta a una demanda de un grupo de estudiantes quienes solicitaron la apertura del campus.
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Ahora la UPR tendrá que pagar $5,000 en 24 horas y $1,000 diarios hasta que logren culminar con la huelga.
“Este es un día lamentable en la historia de la Universidad de Puerto Rico. A pesar de todos los esfuerzos realizados por la Administración, no se pudo prevalecer ante el Tribunal de Primera Instancia. Nuestra división legal estará analizando opciones que informaremos próximamente. Desde la Administración, seguiremos comprometidos con salvar la Universidad de Puerto Rico y su importante misión para el pueblo de Puerto Rico”, sentenció Fernández a través de un parte de prensa.
Asimismo, la presidenta interina hizo un llamado al gobernador Ricardo Rosselló, así como a la Junta de Control Fiscal, a que reconsideren los recortes propuestos a la UPR, que han sido el detonante de la huelga estudiantil que comenzó el pasado 6 de abril.
“A la Junta de Supervisión Fiscal y al gobernador de Puerto Rico, quienes han expresado su preocupación por lo que enfrenta nuestra Universidad y lo que esta representa para el desarrollo y la recuperación económica de Puerto Rico, les pedimos una vez más que reconsideren su meta de recortes a largo plazo. Estamos convencidos que su impacto no tendrá otro efecto que reducir las posibilidades de progreso de miles de jóvenes talentosos y esperanzados en un mejor porvenir. Hemos trabajado con mucho empeño y responsabilidad en buscar nuevos ingresos para la Universidad. Aun así, un recorte de $512 millones como el propuesto, dejaría a la Universidad de Puerto Rico con enormes limitaciones al compararla con la que tenemos hoy”, denunció Fernández.
Al tiempo, Fernández hizo un llamado a los estudiantes que mantienen clausurados los portones de la institución.
“A los estudiantes que mantienen los portones cerrados, les exhortamos a que reconozcan el peligro que continuar con el cierre representa para la acreditación de la institución y para el acceso de los estudiantes a importantes programas académicos y de ayudas económicas. Les rogamos a todos los sectores de la comunidad universitaria a que pongamos a la Universidad primero y la salvemos. No descansaremos en nuestras acciones hasta lograr una UPR abierta”, concluyó.
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