Representante pide al Gobernador que no dé paso al proyecto 971

Según el político, los aumentos, de ejecutarse, representarían un aumento anual promedio de 420 millones de nuevos impuestos a los comerciantes y las empresas.

Por Inter News Services

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, reclamó hoy que el gobierno pretende forzar a los municipios a aumentar las contribuciones municipales por patentes como un mecanismo de subsistencia, “ante el claro intento de utilizar los fondos de los municipios para satisfacer el pago de la deuda del gobierno central”.

Por ello, el legislador pidió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a desaprobar el proyecto de la Cámara 971.

“Miembros de la mayoría legislativa del PNP en la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley que pretende aumentar las tasas contributivas de los ingresos por patentes municipales como un mecanismo de subsistencia forzosa para enfrentar los recortes de 350 millones en subsidios que se usarán para el pago de la deuda pública”, consignó el legislador.

Añadió que “este proyecto, que lleva una semana en trámite legislativo y que representará un aumento de hasta un 80% del pago de patentes de los comerciantes, aún no ha sido rechazado por el gobernador Ricardo Rosselló. El gobernador ha guardado silencio sobre esta medida que claramente contradice su palabra”.

Ortiz explicó que el proyecto de la Cámara 971 pretende autorizar a los municipios a subir las tasas del pago de patentes municipales de 1.50% a 1.90% en los negocios financieros y de 0.50% a 0.90% a los negocios corrientes no financieros.

Según el político, los aumentos, de ejecutarse, representarían un aumento anual promedio de 420 millones de nuevos impuestos a los comerciantes y las empresas.

“De aprobarse esta medida, se desatará una reacción en cadena ya que el efecto del mismo será, además de un aumento en las contribuciones de las empresas y comercios, un aumento de precios en los productos, un aumento en las quiebras de aquellos pequeños negocios que tienen un margen de ganancia mínimo y, por consiguiente, el despido de trabajadores”, señaló/

A manera de ejemplo, el legislador dijo que de aprobarse la medida y los municipios refrendarla, un colmado que tuvo ingresos brutos de 200,000 el año pasado, bajo el sistema actual paga 1,000 dólares de patente, pero bajo la nueva ley tendría un pago de 1,800, lo que representaría un aumento de 800 o un 80% en su planilla.

Igualmente, dijo que una empresa que tiene varios restaurantes que generan ingresos brutos por 800 mil, tendría un pago anual promedio de 7,200, que representarían 3,200.00 más de lo que paga al presente.

“Además, este impuesto es específicamente negativo por el hecho de que el impuesto se fija sobre el volumen de ventas, o sea, al ingreso bruto. Esto puede tener un impacto especialmente negativo en las PYMEs que por la naturaleza de su negocio tienen poco volumen de ventas y poco margen de ganancias”, alertó el representante.

Sostuvo que antes de legislar medidas impositivas se deben explorar otras alternativas  que generen actividad económica e ingresos.

Ortiz presentó cinco propuestas que van en esa dirección.

“Proponemos, primero, crear un mecanismo de auto tasación de la compraventa de propiedades que ofrezcan un incentivo al entrar voluntariamente al sistema; y segundo, utilizar las tasaciones de cierres de compraventas de propiedades como instrumentos temporeros de cálculo de pago, hasta tanto los municipios culminen la tasación y se ajuste el cómputo a la tasación final”, indicó.

Como tercera medida, planteó “incorporar al sistema toda propiedad inmueble o en desuso que no haya sido tasada incentivando al dueño con descuentos y ajuste de depreciación por un periodo de tres a cinco años; y cuarto, que se le otorgue prioridad a los municipios, a través del mecanismo de empresas municipales, para que puedan proveer servicios de mantenimiento y operación de viviendas públicas, mantenimiento de escuelas, transportación escolar o tutorías estudiantiles lo que le representarían una inyección de millones de dólares en fondos federales”.

“Nuestro llamado hoy es a que el gobernador se exprese sobre esta medida, desapruebe este impuesto y le de paso a alternativas como las que hemos presentado, que ayudarían a mantener la prestación de servicios esenciales en los municipios. Para ello, si verdaderamente desean proteger los servicios esenciales que en gran medida ofrecen los municipios, deben empezar por restituir los subsidios municipales, darle herramientas para reestructurar su deuda y encaminar nuevas medidas menos onerosas al bolsillo de la gente y los comercios. El gobernador tiene la palabra”, expresó Ortiz.

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