El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, afirmó el viernes, que existe abundante información para aprobar un proyecto de ley que prohíba el depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico en la presente sesión legislativa.
“Con la información que se tiene, reiterada durante las vistas públicas, se pueden tomar decisiones de política pública sobre el manejo de las cenizas de carbón en esta Sesión Legislativa. No hace falta seguir alargando el proceso. Cualquier estudio epidemiológico que se realice de cara al futuro, pues entonces, cuando concluya ese estudio, se podrá tomar las determinaciones correspondientes. No hay ninguna excusa válida para no aprobar un proyecto ahora”, aseguró Dalmau Ramírez en declaraciones escritas.
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Sostuvo que, contrario a lo planteado por el presidente de la Comisión de Salud Ambiental, el senador Carlos Rodríguez Mateo, el portavoz del PIP aseveró que las cenizas no tienen que ser declaradas tóxicas para prohibirlas.
“Ni el Proyecto del Senado 128, sometido por este servidor, ni los proyectos de los compañeros Larry Seilhammer y Luis Berdiel, anteponen como condición para prohibir las cenizas, el que tengan que ser declaradas tóxicas. Incluso, cuando en 1994 la empresa AES firmó el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y se comprometió en sacar las cenizas fuera de Puerto Rico, no lo hizo bajo la premisa de que las cenizas eran tóxicas. Al contrario, ellos siempre han dicho que no son toxicas ni peligrosas y aun así se comprometieron a sacarlas. A quien único beneficia alargar el proceso es a quienes que no exista la prohibición”, indicó.
El líder independentista recalcó que existen 49 Ordenanzas Municipales aprobadas, presentadas por legisladores municipales del PIP, y avaladas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que prohíben el depósito de cenizas en cada pueblo, incluyendo los vertederos del país.
“Aquí hay alcaldes, legisladores municipales y legisladores estatales de todos los partidos que apoyan la prohibición de las cenizas. Sindicatos, iglesias, organizaciones cívicas, comunitarias, ambientales, de salud y artísticas que apoyan la aprobación de un Proyecto de Ley. Es hora de decidir entre los intereses de una empresa carbonera o los intereses de las comunidades. Vamos a llevar a votación estos proyectos ya”, concluyó.
