Un grupo de manifestantes realiza una protesta en el Capitolio, en rechazo a las políticas económicas del gobierno y al accionar de la Policía.
Entre quienes participan, se hallan encapuchados que, hasta el momento, no han protagonizado actos de violencia en el lado norte del Capitolio, donde se lleva a cabo la manifestación.
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La protesta se da después de que el 1 de mayo, Día del Trabajador, se le sometieron cargos por agresión, incitación a motín, daño a propiedad, entre otros delitos, a más de una docena de manifestantes.
Actualmente la investigación sigue su curso.
Debido al accionar de la Policía, la superintendente Michelle Hernández, rechazó hoy expresiones de que la uniformada lleva a cabo una “cacería de brujas” en contra de manifestantes que se oponen a las políticas económicas del gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“La Policía de Puerto Rico está dedicada a velar por la seguridad y propiedad de los ciudadanos. Nuestra misión nos faculta investigar acciones delictivas y procesarlas ante los organismos de ley y orden. Si alguien viola la ley se tiene que enfrentar a las consecuencias, la policía no tratará con paños tibios ningún acto violento o que atente contra la seguridad de otras personas”, sentenció Hernández de Fraley.
Agregó que “estamos bajo un acuerdo de cumplimiento técnico por parte del Departamento de Justicia federal y cualquier persona que entienda que se le violan sus derechos tienen los instrumentos para así hacerlo. La Policía seguirá con su trabajo”.
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Las declaraciones de la superintendente surgieron luego de expresiones de Hugo Delgado Martí, vocero del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), quien hoy denunció un ambiente de “criminalización, persecución y hostigamiento por parte del Estado, los tribunales y la Policía, dirigido hacia el movimiento de resistencia contra las medidas neoliberales, privatizadoras y de austeridad que pretenden empobrecer y dejar en la miseria a miles de personas trabajadoras”.
Consignó que “la actividad del primero de mayo dejó una pequeña demostración de lo que puede ocurrir si se imponen los requerimientos de la junta de control fiscal”.
El vocero de la organización acusó que la ofensiva de demandas, citaciones, investigaciones y persecución tiene como objetivo “descabezar el movimiento estudiantil que mantiene en huelga la mayoría de los recintos de la universidad pública”.
Agregó que “la ofensiva neoliberal ha dejado desprovistos de futuro, no sólo a empleados públicos por medio de la derogación de convenios colectivos, a empleados de la empresa privada por medio de las reformas laborales al encargo de los ricos sino también a una juventud desposeída que no ve en el mercado laboral opciones que le brinden la seguridad y bienestar que le prometió la sociedad en la que se educaron”.
