Bonistas inician las demandas contra P.R.

El plan fiscal del Gobierno destina $800 millones para el servicio de la deuda.

Por Miladys Soto

Diversas demandas de bonistas se han radicado ya tras el vencimiento del stay de litigios que protegía al Gobierno de Puerto Rico de acciones legales.

Ayer tarde, bonistas de Obligaciones Generales (GO’s) encabezados por Aurelius Investments demandaron en la ciudad de Nueva York. Antes de ellos, ya habían cuatro demandas establecidas, tres en Puerto Rico y una en Washington D. C., según compartió con Metro el abogado y analista John Mudd. Ahora habrá que ver si se activa el Título III de Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) en qué tribunal federal se atiende el proceso especial de quiebra. Solamente, Aurelius tiene $1,400 millones en bonos de GO’s. En su demanda hay otros bonistas.

El profesor universitario y también abogado Philipp Escoriaza expuso que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha sido clara en que podría acogerse al Título III y mantener las negociaciones con los acreedores.

La Junta tiene la llave del Título III

Escoriza detalló que el ente federal “tiene la llave para que el Título III se active o a cualquiera de sus instrumentalidades a acogerse al proceso de quiebra”.

El experto explicó a Metro que los pleitos con los bonistas se detienen nuevamente al activar el Título III.

“Una vez abierto el Título III, la responsabilidad continúa sobre la JCF de someterle al tribunal, en el momento en que esté preparado, el plan de ajuste de la deuda”, agregó el comentarista político.

Escoriaza sostuvo que en dicho plan se detallaría cuánto es lo que hay disponible para pagarles a los bonistas, cuáles son las prioridades entre los grupos de bonistas para ver quiénes cobran primero y quiénes cobran después. Asimismo, en el plan de ajuste se expondría quiénes tienen más o menos garantías, además de  quiénes se quedan sin cobrar.

También detalló que, al observar las demandas ya radicadas, estima que una de las estrategias de los bonistas será  alegar que el plan fiscal certificado no cumple con PROMESA. En caso de que el Tribunal determinara que el plan fiscal no cumple, el Gobierno debería volver al proceso de elaboración del documento, manifestó.

Escoriaza comentó que los bonistas alegarán que los 20 centavos por dólar que otorga el plan fiscal para el servicio de la deuda es muy poco. Sin embargo, destacó que la JCF ya había indicado que para aumentar el dinero para la deuda habría que hacer más recortes, hecho que agravaría la situación del país, que, según el ente federal, no verá crecimiento económico en ocho años.

Representante exhorta al gobernador

El representante Jesús Manuel Ortiz pidió al gobernador Ricardo Rosselló que solicite la activación del Título III, tras el vencimiento del stay de litigios de bonistas.

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