Director de Aafaf reitera apertura a negociaciones "de buena fe" con acreedores

Tras revés con bonistas de las obligaciones generales

Por Cybernews

El director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Gerardo Portela Franco, aseguró hoy que el gobierno mantiene una actitud de apertura a negociación de buena fe con los acreedores, en aras de llegar a acuerdos en torno a la deuda pública y tras el revés con los bonistas de las obligaciones generales.

“El Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico se comprometen en sus esfuerzos de buena fe para llegar a un acuerdo consensuado con los acreedores del Gobierno dentro de los parámetros del Plan Fiscal para Puerto Rico certificado el 13 de marzo de 2017 por la Junta de Control Fiscal. El Gobierno ha mantenido y mantiene conversaciones con sus acreedores incluyendo, pero no limitándose, a la mediación con el juez jubilado Allan Gropper. El Gobierno compartió la propuesta adjunta con algunos de sus grupos acreedores. Esta propuesta tiene la intención de maximizar los rendimientos de sus acreedores de manera consistente con los objetivos de Puerto Rico para el crecimiento económico equitativamente. El Gobierno anticipa que las discusiones continuarán durante las próximas semanas”, apuntó Portela Franco mediante declaraciones escritas.

La postura surge a solo horas de que trascendiera que los bonistas de obligaciones generales (GO’s, en inglés) no habían acogido una oferta presentada por el Gobierno que buscaban un recorte de un 50 por ciento en el pago de principal para estos acreedores. Además, perseguía un recorte de un 60 por ciento para los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina).

Ayer la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó una resolución para discutir en una reunión ejecutiva el proceso para la posible radicación del Título III de PROMESA, que da paso a una reestructuración de la deuda pública por medio de la vía judicial. Esto ocurriría si no rinden frutos las negociaciones entre el Gobierno y los acreedores.

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