El obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, Héctor Ortiz Vidal, pidió hoy viernes establecer un mecanismo “independiente y competente, no partidista”, que audite la deuda del país.
Según el religioso, en la víspera de un paro general y en medio de un ambiente “lleno de tensión social”, el gobierno “está llamado a convertirse en una gran mesa para el diálogo y el consenso. No hay duda que existe un plan fiscal que exige recortes y nuevos impuestos. pero, este plan fiscal no está escrito en piedra”
PUBLICIDAD
Ortiz Vial indicó que se debe construir un plan estratégico “que nos permita tener una economía vigorosa y en armonía con el ambiente”, así como “respetar las leyes que protegen el ambiente y promover el establecimiento de proyectos ecoamigables”.
También solicitó fortalecer el sistema de la Universidad de Puerto Rico y “utilizarlo como punto esencial en la estrategia de desarrollo económico sustentable para el país. No debe haber recortes desmedidos y desproporcionados que pongan en peligro su estabilidad”.
Para el obispo, “todo recorte o aumento que se proponga debe seguir el principio de la equidad. Esto, nos permitirá no incrementar más la desigualdad. Debemos de recordar que Puerto Rico es el quinto país en el mundo donde más desigualdad existe, según nos indican algunos de nuestros más distinguidos economistas”.
Agregó que “las cooperativas, los empresarios locales y las organizaciones comunitarias, deben tener la primera prioridad al establecerse las llamadas Alianzas Público Privadas Participativas. Se deben examinar y reducir todas las leyes que otorgan exenciones contributivas. Actualmente, existen decretos de exenciones contributivas por más de 700 millones anuales sin comprobarse su efectividad en nuestra economía”.
Al respecto, opinó que “toda exención contributiva que no cree un número significativo de empleos, debe ser reevaluada. La pensiones de los empleados públicos, los agentes del orden público y los maestros, deben de ser protegidas”.
PUBLICIDAD
Asimismo, solicitó que “debe aprobarse una resolucion legislativa, aprobada por ambas Cámaras Legislativas, donde se le pida a la junta de control fiscal y al gobierno de Puerto Rico que toda negociación de la deuda que se lleve a cabo en el tribunal federal, proteja a los bonistas bonafide de Puerto Rico a través del llamado mecanismo del ‘entry point’ y del llamado principio de la equidad.
Actualmente, las aseguradoras de salud obtienen 200 millones en ganancias anuales por medio del plan de salud del gobierno. Se debe reducir significativamente esa ganancia. Para lograr eso, se debe ponderar sacar a las aseguradoras de la Reforma de Salud y optar por el concepto de pagador único”.
A su vez, recomendó “aprobar un reglamento de parte del Departamento de Hacienda en relación al concepto ‘transfer pricing’ que aplique a las grandes cadenas multinacionales que operan en Puerto Rico. Sugerimos que se utilice, como punto de partida, el mismo tipo de reglamento que utiliza el Internal Revenue Service (IRS)”.
