Los representantes populares Jesús Santa Rodríguez y Jesús Manuel Ortiz denunciaron hoy martes la supuesta acción del Gobierno, a través de la Administración de Sistemas de Retiro (ASR), de utilizar el dinero reservado para el pago de pensiones escudándose detrás de la ley de moratoria con el fin de pagar deuda.
Esta determinación, denunciaron, representa una política pública dirigida a utilizar la ley PROMESA para recortar pensiones en lugar de dirigir el dinero en reestructurar la deuda del Sistema.
PUBLICIDAD
“La acción del Gobierno es, sin duda, otro golpe para los pensionados que ya están destinados a sentir los recortes estimados en el Plan Fiscal, pero no a recibir los beneficios de una reestructuración de la deuda. Lo que hemos visto en esta transacción es al Gobierno traicionando a los pensionados”, indicó Ortiz González en conferencia de prensa.
Los legisladores aseguraron que se dio a conocer que el Gobierno llegó a un acuerdo con los bonistas que permite que estos no vean interrumpido el pago de los intereses que le adeuda la ASR. Dicho pago se había suspendido a partir de la aprobación de la Ley de Moratoria en 2016.
Explicaron que la ley de moratoria de 2016 y las órdenes ejecutivas 2016-30 y 2016-31 permitieron que el Gobierno, a través de una declaración de emergencia, suspendiera los pagos de deuda para dirigirlos a servicios esenciales. Ese dinero dejado de pagar se quedó en Hacienda para servicios esenciales, con excepción de ASR y la Universidad de Puerto Rico (UPR), que depositaron los mismos en una cuenta.
“Hoy conocemos que la ASR, en lugar de mantener ese dinero para los pensionados, lo pagará a los bonistas. Los pensionados cogieron el impacto de los recortes de PROMESA, pero no el beneficio de la reestructuración de la deuda. Lo que se está haciendo es reestructurar la deuda al costo de los pensionados, en beneficio de los bonistas”, sentenció por su parte Santa Rodríguez.
Mientras, los representantes alertaron a la comunidad universitaria, y cuestionaron qué medidas tomará la UPR: si optará por refrendar el recorte de 450 millones de dólares establecido por el plan fiscal de Ricardo Rosselló, pero no acogerse al beneficio de la moratoria. También señalaron que sería detrimental pagarles a los acreedores en lugar de utilizar ese dinero para no tener que reducir los servicios y ofertas académicas de la universidad, entre otras medidas lesivas a la primera institución de educación superior del País.
