Un grupo de ciudadanos y tenedores de bonos del gobierno de Puerto Rico solicitaron hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que elimine la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, “porque activarla sería contraproducente a una negociación de los términos actuales de la deuda, pues podría interpretarse como un acto de mala fe del gobierno para escapar su responsabilidad de repago”, dijeron.
Liderado por el licenciado Hiram Torres Montalvo, el grupo aseguró que se necesita auditar la deuda, pero por la Junta de supervisión fiscal y no un ente que consideran de naturaleza politico-partidista.
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“El auditar la deuda pública, la cual, de acuerdo a varios estimados, incluyendo el de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) federal, concebida bajo el amparo del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, mejor conocido como Promesa, sobrepasa los 70,000 millones, debe ser un ejercicio en transparencia y teniendo como principal objetivo delinear cual, si alguna, de la deuda corriente fue emitida en exceso del tope del 15 por ciento de deuda que establece la Constitución de Puerto Rico. Tenemos que aclarar que el 15 por ciento corresponde exclusivamente a los Bonos de Obligación General”, señaló el letrado en una carta enviada esta mañana al primer ejecutivo.
Agregó que “esta auditoria debe realizarse para eximir cualquier deuda realizada sobre el tope antes mencionado del trato presencial que ofrece nuestra Constitución y no debe ser usada para iniciar caserías de brujas o desviar la atención de los problemas que nos atañan como pueblo. Entendemos que la actual comisión no sirve el primer propósito y se enfoca demasiado en el segundo. Es por esto, en adición a la falta de capacidad para realizar un estudio forense valido, que hemos pedido que se elimine el organismo. Otro factor muy importante que se tiene que evaluar es que la Ley Promesa dispone, en sus secciones 411 (p46) y 414 (p48), el verdadero mecanismo para auditar la deuda: el Contralor de los Estados Unidos”.
El portavoz pidió a los presidentes de los cuerpos legislativos que le den paso al proyecto de la Cámara 785, el cual deroga la Ley 97 de 2015, la cual estableció la Comisión de Auditoría de la Deuda.
“Necesitamos eliminar la comisión para que los acreedores que actualmente negocian con el gobierno no piensen que los vamos a timar. La credibilidad del gobierno está por encima de todo, es tiempo de actuar para devolverle al pueblo esa confianza”, aseguró.
Según Torres Montalvo, el gobierno de Puerto Rico desembolsa alrededor de 36 millones anuales para sustentar las operaciones de la JSF, que tiene de la potestad de ordenar una auditoria de la deuda pública. Ese debe y tiene que ser la plataforma para cualquier estudio sobre la emisión de deuda pública y no una Comisión creada para fines políticos”.
