La presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), Annette González anunció el miércoles, que se radicó en el Tribunal Federal una demanda contra la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico, para que se declare ilegal el plan fiscal certificado.
El recurso pretende evitar que se utilice el plan para entrar al Título 3 de la ley federal PROMESA, lo que a su entender sería perjudicial para los pensionados.
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“Esta demanda se radica por los planes que tiene la Junta de Control Fiscal de reducir en 10 por ciento las pensiones en Puerto Rico. Los retirados y jubilados de este país no aguantarían un recorte de tal envergadura. Este recorte violenta las cláusulas contractuales con los pensionados”, dijo González en conferencia de prensa.
Por su parte, el licenciado Manuel Rodríguez Banchs, explicó que la demanda solicita un entredicho provisional y una sentencia declaratoria para que se detenga la presentación del plan fiscal.
“Una vez se presente ese plan fiscal y se entre en el proceso de quiebra, no hay forma de enmendarlo. Es importantes que antes de que se presente ese plan, se cumpla con las exigencias de la propia ley PROMESA que tiene como requisito fundamental que se mantengan con fondos adecuados los sistemas de pensiones, pero además establece un orden de qué medidas deben tomarse antes de tocar los fondos de los retirados”, sentenció Rodríguez Banchs.
“Hay otro problema, los fondos que están depositados bajo el Sistema 2000 y bajo la Ley 3 de Retiro, son fondos de los propios jubilados, no hay aportación patronal, por lo que sería una ocupación de los fondos depositados por los jubilados”, añadió.
En el plan fiscal certificado, se estableció que las pensiones de las personas que reciben dos mil dólares o más, tendrán que pagar un tipo de contribución sobre ingreso. En el caso de los que reciben menos de dos mil dólares, no se les hace ninguna deducción a la cantidad que les corresponde por su pensión, pero se eliminan las leyes especiales que acompañaban los pagos. No obstante, la JCF puso como condición para aceptar el plan, que el Gobierno tenía que demostrar que lograría las proyecciones de recaudos en el plan fiscal, y que además tendría disponible una reserva de 200 millones en el presupuesto que debe presentarse en o antes del 30 de abril.
