El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy la Ley 20 de 2017 que crea el Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Con un ahorro estimado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de más de $28 millones anuales, el nuevo estatuto busca establecer un sistema de seguridad más efectivo, eficiente, funcional y que trabaje de forma integrada entre sus componentes y con otras agencias del Gobierno.
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“El esfuerzo establecido en el nuevo Departamento de Seguridad Pública se enfoca en continuar convirtiendo a nuestro gobierno en uno efectivo y que impacte los pilares fundamentales sobre los cuales se maximicen los componentes de la seguridad pública para lograr un mejor y más seguro Puerto Rico”, declaró el gobernador.
Los componentes de los diversos servicios de seguridad que trabajarán bajo el DSP serán el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Ciencias Forenses, el Negociado de Emergencias Médicas, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales.
Este modelo de integrar agencias de seguridad lo implementó con éxito el Gobierno federal con el Departamento de Homeland Security (DHS) luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
Esta ley provee para una evaluación completa de la distribución de recursos fiscales junto a un esfuerzo por aumentar la captación de fondos federales e ingresos. Consolidará las tareas administrativas –que ahora están dividas entre los siete negociados– en una sola entidad, creando mayor eficiencia y permitiendo que más recursos sean dedicados a la seguridad pública y a un servicio directo a la ciudadanía.
“La transición a este Departamento se hará de tal forma que no se afecten los servicios. Estaré nombrando a un secretario para que constituya un comité ejecutivo y se lleve a cabo un proceso ordenado de transición durante seis meses”, afirmó Rosselló Nevares.
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El Comité deberá diseñar, implementar, probar y ajustar los sistemas administrativos, fiscales y de información del Departamento para lograr su funcionamiento efectivo. Por lo tanto, no se comenzará con la consolidación de los negociados incluidos en el DSP hasta tanto la OGP certifique las economías logradas y el Comité Ejecutivo certifique que el Departamento está listo para operar.
Para lograr una seguridad pública de avanzada todos los procesos administrativos, operacionales e intergubernamentales se digitalizarán e interconectarán utilizando la tecnología. Con ese propósito se creará una Oficina de Manejo de Información de Seguridad que tendrá el deber y obligación de facilitar y proveer a los demás negociados el acceso y la interconexión de sistemas de información a los fines de servir de herramienta en la lucha por erradicar el crimen y garantizar la seguridad pública.
Por su parte, el secretario del DSP será el responsable de coordinar los esfuerzos de todos los negociados adscritos para proteger, investigar y prevenir actividades delictivas o situaciones de emergencias y trabajar de forma integrada con los organismos federales.
Las disposiciones de esta ley no conllevan el despido de ningún empleado con un puesto regular y los empleados transferidos al DSP conservarán todos los derechos adquiridos.
Además, el estatuto también crea el Centro de Capacitación y Desarrollo de Seguridad Pública que garantiza un ofrecimiento continuo de adiestramientos multidisciplinarios en las distintas áreas de la seguridad pública. Mediante este centro todos los componentes podrán beneficiarse de alianzas con el sector privado y otras entidades gubernamentales, así como de recursos existentes.
La ley que crea el DSP también atiende la Reforma de la Policía como una pieza clave. Todos los artículos de dicha ley reconocen el compromiso con el cumplimiento del Acuerdo para la Reforma de la Policía. El Departamento de Justicia federal ha dicho claramente que el proyecto, según aprobado por la Asamblea Legislativa, cumple con todos los requisitos de la Reforma de la Policía, además de incluir todas las enmiendas sugeridas por el mismo.
El Art. 9.02 de la Ley 20 específicamente dice que “el proceso de consolidación del Negociado de la Policía estará sujeto al cumplimiento con lo establecido en el acuerdo” de la Reforma de la Policía.
