La Cámara de Representantes aprobó ayer jueves varias enmiendas al “Código Penal de Puerto Rico”, para entre otras, convertir en delito grave la obstrucción o paralización de centros de enseñanza, obras de construcción y salud.
“Es un mensaje férreo del Gobierno de Puerto Rico, que no va a tolerar estas conductas, ya que si bien es cierto que existe la libertad de expresión, también existe el derecho a proteger la propiedad que adquiere un comerciante o cualquier persona que adquirieron los permisos correspondientes para realizar una obra”, dijo la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, al presentar el informe del Proyecto del Senado 310.
Entre los delitos cuyas penas son aumentadas se encuentra además el escalamiento a una propiedad ajena, la amenaza, el incendio y la apropiación ilegal agravada de fondos.
Las personas que incurrieran en dicho delito grave serían sancionadas con pena de reclusión por un término fijo de tres años.
De otra parte, se tipifica como delito grave con pena de reclusión fija de tres años a toda persona que amenace con cometer un delito si dicha amenaza provoca la evacuación de un edificio, lugar de reunión o facilidad de transporte público. Además, impone una pena fija de 8 años a toda persona que cometa el delito grave de poseer o compartir material de pornografía infantil. Si dicha persona es funcionario público se le suma una multa de hasta 30 mil dólares.
Recomendados:
Alertas contra el maltrato a adultos mayores
Ashly Carrasquillo, ejemplo de que la apariencia de la piel no nos define
Celtics vencen a Cavs y recuperan ventaja en la serie
Por otro lado, se favoreció el Proyecto de la Cámara 429, del representante Nelson Del Valle Colón, para enmendar la “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, y la “Ley para la Reforma Fiscal del 2006”, para que las entidades bajo la Rama Ejecutiva separen una partida de al menos del 15 por ciento de su presupuesto asignado para la contratación de servicios profesionales y de adiestramiento, que serán ofrecidos por la Universidad de Puerto Rico. Esto para paliar la reducción de fondos que enfrentará la institución como parte de la reestructuración gubernamental.
Además, se aprobó el Proyecto de la Cámara 752, que pretenden uniformar el sistema de permisos estatales y municipales. En la medida, se instruye a la Junta de Planificación (JP) para que revise y enmiende de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
También obtuvo visto bueno, al Proyecto de la Cámara 365, de la representante María Milagros Charbonier, para enmendar el “Plan de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico” para condicionar la renovación o expedición de licencias para operar instituciones de educación superior, a que cuentan con protocolos para prevenir y atender los casos de agresión sexual en sus predios.
Además, se favoreció el Proyecto de la Cámara 613, del representante Urayoán Hernández Alvarado, a los fines que la Compañía de Fomento Industrial arriende de forma parcial o segmentada, espacios de sus edificaciones industriales a microempresas de hasta siete empleados o menos. Con esta medida se logra de forma eficiente, el objetivo de esta entidad de promover, crear y retener empleos, dentro de este mercado al ofrecerles herramientas a estos microempresarios para la generación de capital nativo.
De otra parte, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 466, del representante Rafael “June” Rivera Ortega para enmendar la “Ley del Corredor para el Desarrollo de la Montaña, a los fines de disponer que la Compañía de Fomento Industrial arriende de forma parcial o segmentada espacios de las edificaciones industriales que ubiquen dentro de la región a microempresas de hasta siete empleados o menos.
Fue avalada además, la Resolución de la Cámara 104, del representante José Aponte Hernández, para iniciar una investigación en torno a los problemas que enfrentan los residentes y comerciantes de la urbanización Santa Rita, con algunos de los negocios localizados en la Avenida Universidad en Río Piedras.
De la misma manera, fue favorecida la Resolución de la Cámara 118, del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, para realizar una investigación sobre las razones por las cuales el Departamento de Educación ha entrado en incumplimiento con lo dispuesto en la Ley 170-200, que ordenaba la presencia de un sicólogo en cada plantel escolar.
Del mismo modo, fue avalado la Resolución de la Cámara 140, del representante Joel Franqui Atiles, para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central a estudiar las condiciones de la Oficina Técnica de la Autoridad de Energía Eléctrica en el municipio de Quebradillas con el fin de identificar recursos para su optimización.
También se aprobó la Resolución de la Cámara 141, de los representantes Guillermo Miranda Rivera y Víctor Torres González, la cual da paso a una investigación en torno al bloqueo repentino y falta de funcionalidad del Sistema de Información Financiera en el Departamento de Educación (SIFDE), “Schoolwide” y TAS, según establecidos en el plan comprensivo escolar en los que se puede consultar la información relacionada al presupuesto individual asignado a cada escuela.
Mientras, se consideró favorablemente, la Resolución de la Cámara 173, del representante Hernández Alvarado, para estudiar la viabilidad de implantar la mediación carcelaria, como método alterno para la resolución de disputas en el sistema correccional del Gobierno de Puerto Rico.
Además, se le dio paso a la Resolución de la Cámara 232, del representante Ángel Bulerín Ramos, para que la Comisión de Gobierno comience una investigación sobre el cumplimiento de la “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el fin de limitar el uso del vehículo oficial del jefe de la agencia o funcionario público, únicamente a la gestión laboral y para el ejercicio exclusivo de su función pública.
Por otro lado, se ratificó la Resolución de la Cámara 239, del representante José Banchs Alemán, ordenar a la Comisión de Cooperativismo, a realizar una investigación en relación al funcionamiento de las distintas cooperativas en operaciones, incluyendo las de ahorro y crédito, a los fines de buscar nuevas alternativas que contribuyan al desarrollo de las mismas.
De otra parte, fue aprobada la Resolución de la Cámara 295, del representante González Mercado, ordenar a las comisiones de Transportación e Infraestructura y de Asuntos Municipales a investigar sobre el estado actual y las condiciones de las Carreteras Estatales PR-2, PR-123, PR-638, PR-639, PR-651, PR-652, PR-653, PR-681, PR-682, y PR-683 que discurren entre los municipios de Arecibo y Hatillo, así como identificar recursos para repavimentarlas y realizarle mejoras.
Por último, se aprobó la Resolución de la Cámara 298, de los representantes, José Pérez Cordero y Maricarmen Mas Rodríguez, para ordenar a las comisiones de la Región Desarrollo Integrado de la Región Oeste, de Salud y de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, a que realicen una abarcadora y urgente investigación sobre el constante hallazgo de desperdicios biomédicos en el litoral costero de los municipios de Añasco y Mayagüez.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 3 de abril de 2017 a la 1:00 de la tarde.
Reacciona Carmen Yulín
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz reaccionó a través de su cuenta de Twitter a una de las mencionadas enmiendas al Código Penal de Puerto Rico.
Esta indicó que “la criminalización de la protesta es violación a derecho ciudadano”.
La criminalización de la protesta es violación a derecho ciudadano de expresarse sobre lo que entiende esta bien o esta mal. @luisvegaramos
— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) March 31, 2017