La senadora Rossana López León, del Partido Popular Democrático (PPD), avisó hoy como “primeros impactos del plan fiscal del gobierno” el despido de 6,892 empleados transitorios, de los cuales 5,744 serán cesanteados a partir del 1 de julio por motivo de la reducción del 50% de los gastos de nómina para ese grupo laboral.
Los restantes 1,148 empleados transitorios serán despidos el próximo año, aseveró la legisladora, quien reveló que el plan fiscal del gobierno tiene al menos cinco escenarios proyectados que presentan descuadres e incongruencias fiscales que exceden los 1,300 millones de dólares, “lo que aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad fiscal del país y la veracidad de los estimados del gobierno”.
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“En el plan fiscal original del gobernador Ricardo Rosselló se establece que hay 11,488 empleados transitorios en el gobierno. En la página 39 de ese plan, se propone una reducción de 50 por ciento (5,744 trabajadores) del total de los empleados transitorios para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio”, apuntó la política.
Y agregó que, “como si eso fuera poco, se propone un segundo recorte adicional de 20 por ciento (1,148 trabajadores) para el año fiscal siguiente. Esa misma proyección de recortes se incluyó en la página 19 del plan fiscal aprobado bajo un concepto denominado ‘another payroll savings’, que no es otra cosa que recortes en nóminas”.
“Las proyecciones ya fueron aprobadas por la junta de control fiscal, lo que implica que, evidentemente, viene una ola de despidos para los empleados transitorios y lo han ocultado”, señaló López León.
La senadora explicó que la mayoría de los empleados transitorios en el gobierno son maestros de cursos básicos, maestros de educación especial, empleados de comedores escolares, trabajadores sociales y empleados de Corrección.
Asimismo añadió que por el salario promedio de estos empleados, el impacto en la economía de esos despidos sobrepasará los 100 millones de dólares anuales.
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“Esto significa que vienen recortes en Educación, cierre de más escuelas, servicios educativos y de rehabilitación. La soga se cortará por lo más fino: serán los pensionados, los maestros, los estudiantes y los confinados los que pagarán los platos rotos, es decir, los más vulnerables”, concluyó la legisladora.
Aparte, López León señaló que el plan fiscal “presenta escenarios irreales e ingresos sobrestimados que fueron acogidos sin estudios de viabilidad ni modelos específicos de ingresos lo que provocarán un descuadre presupuestario”.
Según la senadora, a manera de ejemplo, el plan proyecta recaudos recurrentes por concepto de contribución sobre ingresos de los individuos que -según el plan- generarán los mismos 1,700 millones de dólares anuales que generan al presente, durante los próximos cinco años.
“Esa proyección, sin embargo, es errada. Bajo ese modelo, no contemplaron el impacto de la reducción de ingresos que provocará la exención contributiva otorgada a diversos grupos profesionales hace unas semanas, las cuales reducirá en 185 millones los recaudos cada año. Esa realidad representa una sobreestimación de recaudos de unos 1,850 millones en 10 años, lo que descuadra el plan”, explicó.
A su juicio, otro ejemplo de la improvisación del plan se encuentra en lo relativo a las contribuciones sobre la propiedad.
“Por un lado, el plan proyecta que los municipios recogerán un total de 426 millones adicionales cada año, de los cuales 350 millones serán para sustituir la eliminación de los subsidios municipales y otros 76 millones para el gobierno central”, subrayó.
Y prosiguió: “Esa meta supone dos posibles escenarios. Uno, que cada municipio apruebe ordenanzas municipales individuales este año natural para subir las tasas en un 70%; o por el contrario, que la legislatura apruebe una medida imponiendo una sobretasa a ser pagada en dos términos. En ninguno de esos escenarios, los ingresos se reflejarán en el calendario propuesto”
Sobre las Alianzas Publico Privadas, según el plan, generarán inversiones por cinco billones en dos años fiscales, incluyendo una inversión inicial por un valor de un billón para el 30 de junio de este año. “Sin embargo, no se presenta una sola propuesta que esté firmada y no existe un solo proceso de licitación nuevo que haya comenzado”, comentó.
