El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, informó el miércoles sobre la radicación de una medida que busca garantizar mayor acceso a representación legal para aquellos ciudadanos con desventaja económica.
“La falta de medios económicos no puede ser un obstáculo para que una persona tenga acceso a representación legal en los casos de naturaleza criminal, y en caso de no poder costearla, el Estado tiene la obligación de proveerla de forma gratuita”, indicó el representante en declaraciones escritas.
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“Sin embargo, también a través del litigio civil se dilucidan asuntos que afectan derechos fundamentales como vivienda, educación derechos paterno o materno filiales, salud y alimentos de menores que, en muchos casos, representan costos que los ciudadanos no pueden asumir. De esa forma, se lacera de forma irremediable lo que debe ser una de las principales aspiraciones de una sociedad democrática: el acceso a la justicia”, aseguró el legislador independentista.
De aprobarse la Resolución Conjunta 136 se crearía la Comisión Conjunta Permanente de Acceso a la Justicia en Casos Civiles, adscrita a la Asamblea Legislativa, que tendría la encomienda de documentar la necesidad de asistencia legal gratuita o a bajo costo en reclamaciones civiles administrativas y judiciales.
Además, presentaría propuestas que promuevan el acceso a orientación y representación legal para personas de ingresos limitados e identificar medidas o recursos que viabilicen la ampliación de la prestación de esos servicios.
“La dilación de la tramitación en los casos civiles abona a la multiplicación de los gastos asociados al litigio. Estas personas podrían beneficiarse de programas de representación legal a costo reducido. Esta falta de acceso a la justicia resulta en que, por ejemplo, las madres y padres de niños y niñas de educación especial no puedan reclamar el derecho constitucional de sus hijos a una educación apropiada; que haya familias desalojadas de su vivienda mediante expropiación, desahucio o ejecución de hipoteca, entre otras situaciones”, amplió el licenciado.
Por otro lado, concluyó en que la medida busca también allegar recursos a aquellas instituciones y entidades que se han dado a la tarea de proveer representación legal en casos civiles a ciudadanos indigentes como la Corporación de Servicios Legales, las divisiones legales de algunos municipios, el programa Pro Bono del Colegio de Abogados y las clínicas de las facultades de Derecho, entre otros.
