Pese a la oposición de los miembros del Partido Popular Democrático (PPD), la Cámara de Representantes aprobó ayer la resolución del Senado 92 que asigna $5.3 millones para la celebración del plebiscito de estatus del 11 junio de junio.
Toda la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) favoreció la medida que pasa ahora a la firma del gobernador.
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Una de las voces en contra de la pieza, avalada la pasada semana en el Senado fue la del representante Luis Vega Ramos, quien cuestionó que el partido de gobierno, consciente de la crisis económica que vive el país, quiera “botar” $5.3 millones en la consulta.
“Ese dinero proviene de las arcas del pueblo del pueblo de Puerto Rico, aquí se esta aprobando que se gaste 5.3 millones, no de los chavos federales, de los chavos de los puertorriqueños para celebrar un plesbicito amañado que no cuenta con el aval del Congreso de los Estados Unidos.
No obstante, los miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, al igual que en el Senado establecieron que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) certificó que el dinero proviene de un sobrante de la propia CEE que tiene un balance de la misma cantidad de la resolución.
“Esta medida lo que hace es asignar el dinero necesario para hacer realidad lo que a todas luces es lo quiere el pueblo puertorriqueño, tanto estadistas, como populares soberanistas que creen en la independencia, pero militan en el Partido Popular y los compañeros del Partido Independentista, que es la definición del status de la isla por parte de los puertorriqueños”, dijo el vicepresidente de la Cámara, el representante José “Pichi” Torres Zamora.
De otra parte, la Cámara también aprobó ayer una medida para enmendar la “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de 2006”.
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La medida establece que el director de OGP, enviará una certificación de la existencia de fondos públicos a la Asamblea Legislativa, cuando sean asignados mediante una resolución conjunta, a partir del 1 de julio de 2017.
El Proyecto de la Cámara 774, del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y la delegación de mayoría, dispone, además, que las comisiones legislativas presentarán en sus informes para la aprobación de alguna medida legislativa, una sección que contendrá el impacto fiscal de la propuesta, en la cual se incluirá la certificación que emita la OGP.
La iniciativa, incorpora el lenguaje que fuera derogado de esta ley en el 2013, de modo que a la hora de aprobar una medida, se pueda contar con información veraz sobre la existencia de los fondos públicos que serán utilizados para llevar a cabo una obra.
La Exposición de Motivos del proyecto afirma que la Asamblea Legislativa entiende que ante la realidad fiscal de Puerto Rico y en atención a los postulados de la ley que da paso al “Puerto Rico Oversight, Managment and Economic Stability Act or PROMESA”, se debe reestablecer este lenguaje para salvaguardar la corrección y prudencia en la erogación de fondos públicos que estén disponibles.
Igualmente, fue avalada la Resolución Concurrente del Senado 5, del senador José Vargas Vidot, Thomas Rivera Schatz y la delegación de mayoría, para apoyar la petición realizada por Fondos Unidos al “Congressional Task Force on Economic Growth”, la cual solicita que se recomiende al Congreso de los Estados Unidos a eximir a las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico del pareo requerido para el desembolso de subvenciones federales por un período de cinco años.
La petición fue presentada, a esta entidad que es parte de la ley PROMESA, ante la realidad de que el 44 por ciento de las organizaciones sin fines de lucro en la Isla están exentas de pagar impuestos estatales y federales, haciéndolas elegibles para solicitar fondos federales. No obstante, estas entidades tienen acceso limitado a dichos fondos, ya que desconocen el procedimiento y además carecen de los medios para cumplir con el requisito de pareo de fondos.
De aceptarse esta la solicitud, se podría dar paso a una iniciativa de desarrollo económico, a la vez que se atienden las necesidades sociales que enfrentan sectores desventajados en Puerto Rico, que según estudios del 2015, generaron 150,410 empleos y solo en el 2014, brindaron servicios a 700 mil personas.
Se le dio paso además al Proyecto de la Cámara 456, de las representantes Yashira Lebrón Rodriguez, María Milagros Charbonier Laureano, Joel Franqui Atiles, y Michael Quiñones Irizarry, para enmendar la “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” a los fines de suspender toda relación filial con respecto a los hijos menores de edad contra quien se emita una orden de protección.
A esto se le une el Proyecto de la Cámara 405, para establecer que, luego de ser notificada la parte peticionaria que se ha aprobado una orden de protección en su contra, un alguacil notificará dentro de las próximas 24 horas a la parte que solicitó la orden que la misma fue concedida.
Por otro lado, se favoreció el Proyecto de la Cámara 47, del representante José F. Aponte Hernández, para enmendar la “Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento”, y disponer que el dinero que se paga por concepto de una reclamación por un accidente de tránsito, no podrá ser retenido ni utilizado por la institución que financia el auto, para cubrir pagos vencidos u otras deudas que existan entre el comprador y la entidad financiera.
También se aprobó la Resolución de la Cámara 91, también de Aponte Hernández, para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación sobre la operación de
los sistemas de supervisión electrónica utilizados en la esfera penal, ante el hecho de que personas que se encuentran bajo la mencionada supervisión han burlado la misma.
De otra parte, se avaló la Resolución de la Cámara 98, Félix Lassalle Toro, José Pérez Cordero, Franqui Atiles y Quiñones Irizarry, para realizar analizar el tema de los deambulantes y las medidas tomadas por las agencias de seguridad pública para atender a esta población.
Igualmente se aprobó, la Resolución de la Cámara 195, de los representantes Enrique Meléndez Ortiz y Lassalle Toro, para investigar el estado en la que se encuentra la implantación de los cambios culturales, operacionales, estructurales, investigativos y educativos que son parte de la “Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico”.
Por otro lado, se favoreció la Resolución de la Cámara 137, para ordenar a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano un estudio sobre la disponibilidad y desarrollo de vivienda para veteranos retirados de edad avanzada o con impedimentos, por parte del Gobierno de Puerto Rico.
Del mismo modo, fue refrendada la Resolución de la Cámara 130, del representante Juan O. Morales Rodríguez, para realizar una investigación sobre la ubicación de las oficinas comerciales de servicio al cliente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que están activamente en servicio, así como las que se encuentran cerradas o no están disponibles. También se estudiará el cumplimiento de la ley que impone a las agencias a crear un sistema de fila expreso para personas con impedimentos, embarazadas y de 60 años o más.
Durante los trabajos, también se consideró la Resolución de la Cámara 152, del representante Ángel Bulerín Ramos, para que se investigue el cumplimiento de una pesquisa ordenara en el 2012, sobre las alternativas viables para la construcción de una rampa en la intersección PR-185 en dirección del municipio de Canóvanas hacia el municipio de Río Grande que conectara con la PR-66.
Además, se le dio paso a la Resolución de la Cámara 167, del representante Ángel Peña Ramírez, para estudiar las razones de las constantes interrupciones en los municipios de Las Piedras, San Lorenzo y Juncos.
Mientras tanto, se aprobó la Resolución de la Cámara 171, del representante Urayoán Hernández Alvarado, que ordena a la Comisión de Asuntos Laborales, para investigar las razones de la alta tasa de desempleo que se reporta en el municipio de Villalba y las alternativas para crear empleos en esta zona.
Seguidamente, se consideró la Resolución de la Cámara 112, del representante Pedro Santiago Guzmán, para estudiar la viabilidad de la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario en el barrio Campanillas en el municipio de Toa Baja.
Entretanto, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 43, del representante Quiñones Irizarry, para ordenar al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes a vender por el precio nominal de 1.00 dólar, 42.65 metros cuadrados de terreno colindantes a la escalinata que da acceso de la calle principal a las facilidades recreativas, de la urbanización Altamira en Lares, a Carmen Lourdes Pitre Vera, quien es colindante, para que pueda ejercer sus derechos de dominio sobre su propiedad.
