El presidente de Ecolift, Ernesto Di Gregorio, denunció que la investigación de la Cámara de Representantes en torno a la venta de un helicóptero en 8 millones de dólares al Departamento de Salud, está parcializada en su contra, pone en duda su objetivo de buscar la verdad y le está causando daños a su imagen.
En una carta que le envió al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jorge Navarro, Di Gregorio se queja igualmente de que el legislador ha estado utilizando “prematuramente” los medios de comunicación.
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El Departamento de Salud inició en agosto de 2016, en plena “crisis humanitaria” por la falta de recursos en el gobierno, como describía la situación el gobernador Alejandro García Padilla, un helicóptero para usos de ambulancia aérea, aunque la habitual compañía Aeromed mantenía un contrato de servicios con el gobierno, pese a que se disputaban unas facturas.
El gobernador le instruyó a la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, que comprara la aeronave de manera urgente.
Esta transacción es revisada por la comisión cameral que preside Navarro, quien en dos ocasiones le solicitó a Di Gregorio información sobre sus vínculos profesionales, si alguno, con Eric Reyes, un amigo personal de García Padilla.
Las cartas de Navarro fueron ampliamente divulgadas por varios medios de comunicación.
“A su pregunta le respondo que ni la empresa que presido, Ecolift Corporation, o filial alguna ni en mi carácter personal hemos contratado en el período que usted señala o en ningún otro momento los servicios de Integrated Consultants & Legal Advisors LLC”, respondió a Navarro el empresario en una carta fechada 16 de marzo de 2017.
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Di Gregorio agregó que le “preocupa grandemente la ausencia de imparcialidad en una investigación seria como la que se lleva a cabo por la Cámara de Representantes, cuando se utilizan prematuramente los medios de comunicación sin tomar en cuenta el daño que causa a la imagen de empresas como la nuestra”.
A renglón seguido dijo que “esta práctica no aporta nada a su comisión –si lo que busca es la verdad de los hechos– pero a nuestra empresa –empleadores de ceca de 40 personas– nos crea problemas de credibilidad y daño de imagen que podrían tener un impacto económico negativo a nuestras operaciones, muchas de las cuales provienen de importantes clientes fuera de Puerto Rico”.
Di Gregorio, otra vez, se puso a la disposición del representante Navarro para suplirle la información que necesite en su investigación.
El Tribunal Supremo ha sostenido la legalidad y el amplio marco investigativo de las investigaciones legislativas.
