Auditoría revela Edificios Públicos efectuó compras sin aprobación

La Contraloría de Puerto Rico informó que la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) efectuó compras sin aprobación, mientras también fraccionó el costo para realizar trabajos de mejoras de los cuartos de detención de delincuentes juveniles contratados.

Esto se desprende de una auditoría que realizó la contraloría sobre las operaciones relacionadas con las compras efectuadas en la AEP del 2011 al 2016, periodo en que se realizaron 10,610 compras de bienes y servicios por $28.3 millones.

El Informe, que tuvo una opinión adversa, establece en sus hallazgos que la Autoridad no cuenta con un sistema de control interno efectivo y eficiente que provea una garantía razonable sobre el logro de los objetivos.

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“Nuestros auditores encontraron que la Autoridad no tiene las normas, reglamentos y los procedimientos necesarios para asegurar que los procesos se realicen de manera eficiente ni realiza auditorías internas sobre sus operaciones”, expresa el documento.

Por ejemplo, para el proceso de cierre de año fiscal de 2014, los auditores externos señalaron que se demoraron por la informalidad de los procesos internos de la Autoridad y la ausencia de un plan que incluya responsabilidades, fechas de entrega y los análisis e informes requeridos.

En particular, la auditoría de siete hallazgos revela que la Oficina de Presupuesto de la Autoridad de Edificios Públicos no tiene normas ni procedimientos escritos para el proceso de preintervención y el Procedimiento de Cheques era obsoleto.

Entre las múltiples deficiencias en la adjudicación de compras se detectaron tachaduras, equivocaciones e información incompleta en la Solicitud de Precios. Además, no se validó la disponibilidad de fondos previo a la emisión de la orden de compra  y las compras efectuadas no tenían todos los justificantes.

Contrario al Reglamento de Subastas, la Autoridad fraccionó el costo para realizar trabajos de mejoras de los cuartos de detención de delincuentes juveniles contratados en el 2009 por la Policía y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. Además, efectuaron compras sin aprobación y autorización de la autoridad competente y sus registros de contabilidad carecían de uniformidad.