JCF pone a prueba plan de Rosselló

El ente federal creado por la Ley PROMESA realizó su quinta reunión en la Ciudad de Nueva York. La Junta aseguró que el plan fiscal del Gobierno necesita garantías adicionales para asegurar que se logre suficiente liquidez y ahorros para financiar los servicios esenciales durante el año fiscal 2018.

Por Miladys Soto

La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó el plan financiero entregado por el Gobierno de Puerto Rico con varias condiciones, entre ellas, que lleguen a $200 millones de ahorros adicionales para no eliminar el bono de Navidad de empleados públicos ni reducir su jornada.

El director ejecutivo interino del ente federal, Ramón Ruiz Comas, destacó que es necesario realizar el corte del 10 % en el sistema de pensiones del país. En el plan fiscal del gobernador Ricardo Rosselló se recomienda un corte de un 3 %, que comienza con pensionados que reciben más de $2,000 mensuales.

También se propuso matricular a maestros recién contratados y trabajadores de seguridad pública en el Seguro Social.

Además, la JCF estableció que, en caso de que el Gobierno no logre identificar los $200 millones de efectivo adicional, se reservará el derecho de implementar el sistema de recorte de jornada o la eliminación del bono.

El recorte propuesto la pasada semana sería de cuatro días al mes para la mayoría de los empleados de la Rama Ejecutiva y dos días al mes para maestros y personal de primera línea en instituciones que operan 24 horas al día. De acuerdo con la JCF, la creación del sistema de recorte de jornada generaría un ahorro de $35 a $40 millones mensuales.

Mientras, el personal de primera línea en funciones de seguridad pública estaría exentos del recorte, según las sugerencias de la JCF.

De igual forma, en la reunión se estableció que el ente federal decidirá si el bono de Navidad para los empleados del Gobierno se eliminará por completo o de forma parcial. Sí se especificó que, de tomar alguna medida relacionada con el bono, aplicaría a todos los empleados de Gobierno.

El gobernador Ricardo Rosselló recomendó el sábado una reducción progresiva de los bonos de Navidad de los altos ejecutivos del Gobierno de forma prospectiva, a fin de ahorrar entre $10 y $20 millones.

Otro requerimiento de la Junta fue la presentación del presupuesto para el año fiscal 2017 por parte del Gobierno para el próximo 30 de abril, así como los informes de liquidez. También se indicó que, durante los próximos 30 días, el Gobierno y la Junta trabajarán en un plan específico a ser finalizado para el 30 de junio 2017.

“Pero debemos darnos cuenta —de veras entender en nuestros corazones— que los problemas que enfrenta Puerto Rico son masivos. A lo largo del tiempo, el Gobierno ha hecho compromisos con todos —incluyendo empleados públicos, pensionados, estudiantes universitarios, beneficiarios de los programas de salud, tenedores de bonos y otros— que no pueden cumplirse si nos basamos en una medida realista de los ingresos por recaudos contributivos que la economía rinde en la actualidad”, sostuvo Carrión en una comunicación escrita tras la aprobación del plan.

Advierten sobre más recomendaciones

El ente federal recalcó que la aprobación de las medidas presentadas por el Gobierno con las enmiendas de la JCF no quiere decir que no se requerirán medidas adicionales en el futuro.

“Esto no significa que no serán necesarias reformas futuras o que no podremos hacer ajustes en el camino que hoy hemos pautado, pero PROMESA ofrece una rara y única oportunidad para que el Gobierno reestructure sus deudas de manera ordenada, libre del caos de litigios en los tribunales”, sostuvo el grupo tras la aprobación del plan fiscal.

Sin fecha de publicación los planes fiscales de corporaciones

A preguntas de Metro, José Carrión III indicó en conferencia de prensa que aún no tienen fecha para la publicación de los borradores que se entregaron a mediados de febrero relacionados con cinco corporaciones públicas cuyas medidas propuestas se desconocen. Los documentos corresponden a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de P. R.

Finalmente, se estableció que el recorte en la Universidad de Puerto Rico sigue siendo de $450 millones y se espera que la institución entregue su plan el 31 de marzo.

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